Fiscalía investigará embargos millonarios al Estado
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) será la encargada de desarrollar las diligencias para establecer si hubo actuaciones contrarias a la normativa en la autorización y ejecución de los embargos.
7 de agosto de 2026
El Ministerio Público abrió una investigación para determinar si existieron irregularidades en procesos judiciales que derivaron en embargos por más de 921 millones de lempiras contra fondos del Estado, luego de auditorías que detectaron posibles incumplimientos en los procedimientos aplicados.
Las revisiones fueron realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre expedientes relacionados con embargos ejecutados durante 2024 y 2025.
Los informes fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia y posteriormente al Ministerio Público, al identificarse indicios que podrían generar responsabilidades legales.
Las auditorías se enfocaron principalmente en actuaciones de juzgados de Letras Seccionales de Juticalpa y Choluteca, donde se analizaron procesos que involucraron recursos de la Cuenta Única del Estado.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) será la encargada de desarrollar las diligencias para establecer si hubo actuaciones contrarias a la normativa en la autorización y ejecución de los embargos.
Según los informes de auditoría, una de las principales observaciones está relacionada con la falta de documentación que debía ser remitida previamente a la Tesorería General de la República antes de ejecutar medidas contra recursos públicos.
Uno de los expedientes de mayor impacto económico corresponde a procesos que suman alrededor de 888.5 millones de lempiras, parte significativa del monto total revisado por los entes de control.
El TSC indicó que las investigaciones también abarcan la revisión de documentos judiciales y procedimientos utilizados para ejecutar los embargos, con el objetivo de determinar si se cumplieron los requisitos establecidos para afectar fondos estatales.
Por su parte, los jueces señalados han defendido sus actuaciones argumentando que su función es garantizar el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes y proteger derechos reconocidos por la legislación, especialmente en procesos laborales.
Además de la actuación de funcionarios judiciales, las autoridades investigadoras analizan la participación de otros actores involucrados en los procesos, incluyendo representantes legales que promovieron algunas de las demandas que terminaron en embargos contra el Estado.
El caso permanecerá bajo análisis del Ministerio Público, que deberá establecer si los hallazgos encontrados por el TSC representan faltas administrativas, responsabilidades civiles o posibles delitos.
Las autoridades buscan determinar cómo se originaron los procesos que afectaron recursos públicos y establecer medidas que permitan fortalecer los controles sobre futuros embargos relacionados con fondos estatales.
