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El Ministerio Público de Honduras ha iniciado una investigación formal sobre la presencia y contratación de integrantes de las brigadas cubanas que trabajaron en el sistema de salud del país, tras recibir denuncias sobre posibles irregularidades en la selección y funciones del personal extranjero.

La pesquisa se centra en determinar si algunos de los profesionales que formaban parte de esos equipos, traídos al país durante la administración anterior, realmente tenían las credenciales profesionales necesarias para ejercer la medicina, o si, como alegan diversas fuentes, se incorporó personal sin formación médica con sueldos equivalentes a los de especialistas.

Autoridades fiscales explicaron que se trata de una acción emprendida de oficio, motivada por publicaciones en medios locales y señales en redes sociales que sugieren que entre los cubanos que recibían pagos significativos en promedio más de 1600 dólares mensuales, además de alojamiento y otros beneficios figuraban personas con perfiles distintos al de médicos, como técnicos o profesionales de otras áreas.

El plan de trabajo de la Fiscalía incluye una revisión exhaustiva de los contratos, evaluaciones documentales y entrevistas con los implicados, con el objetivo de establecer si hubo irregularidades administrativas o incluso delitos que afecten al Estado hondureño.

En caso de encontrarse mérito, se procederá a imputar responsabilidades conforme a la ley.

Además de la pesquisa judicial, el actual Gobierno ha decidido terminar el acuerdo con la isla caribeña para la contratación de médicos, una decisión respaldada por voces del sector de la salud que expresaron reservas desde el inicio sobre la certificación profesional de los especialistas cubanos.

Este caso se inserta en un contexto más amplio de escrutinio sobre cómo se hicieron y ejecutaron ciertos acuerdos internacionales en años recientes, incluida la supervisión de procesos de contratación y cumplimiento de requisitos legales para el ejercicio de la profesión médica en Honduras.

Mientras se desarrolla la investigación, organismos médicos y sectores interesados han señalado la importancia de garantizar transparencia y la protección de los derechos de los pacientes, insistiendo en que cualquier colaborador extranjero debe cumplir con las mismas exigencias que los profesionales nacionales para ejercer en el país.

La pesquisa también podría derivar en un análisis más profundo de otros contratos similares en el sector público, en un momento en que la justicia hondureña intenta reforzar controles sobre la gestión de recursos y personal dentro de instituciones estatales.