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La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) de Honduras admitió una denuncia en contra de Marlon Ochoa, actual consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien ha sido señalado por la presunta comisión de delitos electorales y traición a la patria.

En medio de un creciente clima de tensión política por el retraso en el calendario electoral de cara a los comicios del 30 de noviembre de 2025, el Ministerio Público hondureño admitió una denuncia formal contra Marlon Ochoa, actual consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE). La denuncia, impulsada por ciudadanos y abogados, acusa al funcionario de delitos electorales y traición a la patria por supuestamente obstaculizar el proceso electoral.

La abogada y exfiscal Nilia Ramos, una de las impulsoras de la denuncia, confirmó que el MP ya emitió un auto de requerimiento de investigación y que pronto asignará agentes encargados de dar seguimiento al caso. No obstante, criticó que el Ministerio Público no haya actuado de oficio, como corresponde en casos de posible afectación al proceso democrático.

“Desde el 7 de julio hasta la fecha han pasado 14 días, y si no venimos a interponer esta denuncia, no estarían investigando a Marlon Ochoa”, dijo Ramos, quien también calificó como inaceptable que a los denunciantes se les hiciera firmar un documento en el que se les advertía que podrían ser procesados penalmente si mentían.

Ramos señaló que esta práctica es indebida, ya que investigar posibles delitos electorales es una obligación legal de la Fiscalía y no debe depender de la iniciativa ciudadana. A su vez, el doctor Rony Portillo, también firmante de la denuncia, afirmó que existen claras evidencias de que se está buscando impedir que las elecciones generales se realicen el 30 de noviembre.

“El calendario electoral ha sido completamente retrasado. Eso, según la ley, es un delito electoral. No vamos a permitir que nos amedrenten, y si no actúan aquí, llevaremos las denuncias al ámbito internacional”, advirtió Portillo.

Los denunciantes acusan a Marlon Ochoa de entorpecer deliberadamente el proceso electoral, lo que podría constituir una violación grave a la ley y a la voluntad democrática. Esta acción legal se suma a otras advertencias hechas por diversos sectores políticos y civiles ante lo que consideran una crisis institucional en el CNE.

La admisión de esta denuncia ocurre en un contexto de creciente preocupación por la transparencia y el cumplimiento del calendario electoral, con llamados constantes a garantizar elecciones limpias, justas y en tiempo conforme a la ley.