Fiscalía abre investigación por presunta inclusión de no médicos en brigadas cubanas
El objetivo de la investigación es verificar si se cometieron irregularidades administrativas o delitos en perjuicio de la administración pública al momento de contratar y mantener a ese personal en funciones relacionadas con la salud.
28 de febrero de 2026
El Ministerio Público de Honduras anunció este viernes el inicio de una investigación de oficio para esclarecer denuncias que señalan la posible contratación de personas sin formación médica dentro de las brigadas cubanas que operaron en el sistema de salud pública bajo el gobierno anterior.
Según el comunicado oficial, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) decidió abrir la indagación tras la difusión en medios de comunicación y redes sociales de versiones que apuntan a la inclusión de electricistas, deportistas, conductores y economistas en procesos de contratación originalmente vinculados a especialistas de la medicina provenientes de Cuba.
El objetivo de la investigación es verificar si se cometieron irregularidades administrativas o delitos en perjuicio de la administración pública al momento de contratar y mantener a ese personal en funciones relacionadas con la salud. Para ello, la Fiscalía revisará los procedimientos de contratación, analizará documentación oficial y busca identificar a quienes autorizaron, gestionaron o supervisaron estos procesos.
El caso surge en medio de un contexto de intenso debate nacional sobre la participación de cooperantes médicos extranjeros en Honduras. Las autoridades actuales decidieron no renovar el convenio con el Gobierno de Cuba, que permitió la llegada de brigadas médicas especializadas al país.
Este contrato había sido objeto de críticas, especialmente por parte de gremios como el Colegio Médico de Honduras, que cuestionaron la validez de las certificaciones profesionales y la falta de transparencia en la contratación.
Además, versiones oficiales han señalado que algunas personas dentro de estas brigadas, aunque cobraban salarios equiparados a los de médicos más de 1,600 dólares al mes más beneficios como vivienda y pasajes aéreos no contaban con credenciales sanitarias ni ejercían funciones clínicas, lo que profundiza las dudas sobre la legalidad y la pertinencia de su permanencia en los puestos que ocuparon.
La investigación fiscal se suma a otras que también se plantean desde instancias contraloras del Estado, que evalúan posibles sanciones administrativas, civiles y penales si se confirman violaciones a la normativa en la gestión de estos contratos.
Las indagaciones continúan y se espera que en las próximas semanas se presenten avances, mientras crece el debate público sobre cómo fortalecer el sistema sanitario nacional y garantizar que la contratación de profesionales cumpla siempre con los requisitos legales y técnicos.
