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Fin del TPS pone en vilo a miles de familias hondureñas en EEUU

La medida, que entraría en vigor el 8 de septiembre, podría dejar a miles de familias expuestas a la deportación y a la separación de padres e hijos.

2 de septiembre de 2025

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) decretada por un tribunal de apelaciones en Estados Unidos ha encendido la alarma entre los más de 55 mil hondureños amparados por este beneficio migratorio. La medida, que entraría en vigor el 8 de septiembre, podría dejar a miles de familias expuestas a la deportación y a la separación de padres e hijos.

 

La defensora de derechos humanos Itsmania Platero advirtió que la situación exige actuar con rapidez, recomendando a los beneficiarios buscar asesoría legal inmediata. “De no hacerlo, las familias podrían enfrentar separaciones dolorosas y prolongadas, ya que los deportados no tendrían posibilidad de regresar en al menos una década”, señaló.

 

En la misma línea, Juan Flores, representante de la Fundación 15 de Septiembre, describió un ambiente de angustia y temor en las comunidades hondureñas. “Muchos niños no logran conciliar el sueño y sienten miedo hasta de ir a la escuela por temor a regresar y no encontrar a sus padres”, expresó. Para Flores, la incertidumbre se traduce en un verdadero estado de emergencia humanitaria.

 

Ante este panorama, líderes comunitarios viajarán a Washington en los próximos días para plantear alternativas y buscar un alivio migratorio que permita a estas familias mantener su estabilidad.

 

El TPS, vigente desde hace décadas tras los desastres naturales que afectaron a Honduras, ha permitido a miles de compatriotas vivir y trabajar legalmente en EE.UU., contribuyendo a la economía de ese país y enviando remesas a Honduras.

 

Desde Tegucigalpa, la presidenta Xiomara Castro manifestó respaldo a los afectados, subrayando que “el fallo judicial no borra los aportes de nuestra comunidad en Estados Unidos”.

La mandataria indicó que los consulados hondureños están habilitados para brindar orientación legal, atención prioritaria y acompañamiento a los tepesianos en esta etapa de incertidumbre.

 

Con la decisión judicial, Honduras enfrenta no solo el riesgo del retorno masivo de migrantes, sino también un golpe económico por la posible reducción de remesas, lo que incrementa la presión social y política en torno al futuro de esta población.

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