Fijado juicio oral en caso de Angie Peña
El próximo juicio será la primera ocasión en que la teoría fiscal se pondrá a prueba de manera pública y directa, con la presentación de pruebas documentales, periciales y testimoniales ante el tribunal.
25 de febrero de 2026
El proceso judicial sobre la misteriosa desaparición de Angie Samantha Peña Melgares, ocurrida en enero de 2022 mientras disfrutaba una salida recreativa en una moto acuática en Roatán, dio un paso decisivo esta semana con la programación oficial del juicio oral y público que se celebrará del 23 al 27 de marzo próximo ante la Sala I del Tribunal de Sentencia con competencia en Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.
En una audiencia preparatoria, las autoridades judiciales juramentaron a los peritos que presentarán análisis técnicos, pruebas científicas y otros elementos clave de cara al debate en el tribunal. Estos peritos, designados tras una propuesta del Ministerio Público, jugarán un papel central en la exposición de la evidencia pericial y la valoración de los argumentos tanto de la acusación como de la defensa.
El caso involucra a cuatro hombres imputados en delitos graves relacionados con la desaparición de Peña. Entre ellos están Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, acusados por trata de personas en su modalidad de venta, y Gary Lee Johnston junto con Ramón Gustavo Trejo Nájera, señalados por asociación para delinquir, según lo expuesto por fiscales.
De acuerdo con la investigación, los acusados integrarían una supuesta red criminal estructurada, identificada como “Delta Teams”, presuntamente operando desde 2019 y vinculada no sólo a la trata de personas, sino también a presuntas actividades ilícitas conexas como el narcotráfico y el tráfico de armas. La acusación apunta a que esta organización habría empleado mecanismos de intimidación, apoyo de agentes policiales y asesoría de un juez de paz para facilitar procesos ficticios y falsificación de documentos, con el fin de amedrentar a víctimas y testigos.
El próximo juicio será la primera ocasión en que la teoría fiscal se pondrá a prueba de manera pública y directa, con la presentación de pruebas documentales, periciales y testimoniales ante el tribunal. Además de esclarecer si los imputados deben ser responsabilizados penalmente, este debate podría aportar detalles significativos sobre el funcionamiento y alcance de la organización criminal señalada.
El avance del proceso ha generado expectación tanto en el sistema judicial como en la opinión pública, dado que se trata de uno de los casos más complejos y largamente seguidos en los últimos años por sus implicaciones sobre la trata de personas y la seguridad en zonas turísticas del país.
Familiares de Peña y organizaciones de derechos humanos han manifestado su interés en que el juicio permita no solo una sentencia justa, sino también arrojar luz sobre un caso que ha mantenido en vilo a la sociedad hondureña desde su inicio.
