Extorsión y homicidios persisten pese al estado de excepción, alerta ASJ
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe presentado por la organización es el aumento del porcentaje de hogares víctimas de extorsión: pasó del 9 % en 2022 (266,262 hogares) al 11.6 % en 2024 (304,388 hogares). Aunque las cifras oficiales señalan una disminución en las denuncias, ASJ advierte que esto refleja la desconfianza ciudadana hacia las autoridades, no una reducción real del delito.
14 de junio de 2025
A pesar de que el estado de excepción en Honduras ha sido prorrogado 21 veces desde su instauración en diciembre de 2022 y actualmente cubre el 75 % del territorio nacional, los delitos de extorsión y homicidio continúan afectando gravemente a la población, según alertó este viernes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
La medida, que restringe derechos constitucionales y actualmente se aplica en 223 de los 298 municipios del país lo que abarca al 91 % de la población hondureña, fue presentada como la estrategia principal del gobierno para combatir la criminalidad. No obstante, ASJ denuncia que su implementación ha sido ilegal, sin planificación técnica y con resultados cuestionables.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe presentado por la organización es el aumento del porcentaje de hogares víctimas de extorsión: pasó del 9 % en 2022 (266,262 hogares) al 11.6 % en 2024 (304,388 hogares). Aunque las cifras oficiales señalan una disminución en las denuncias, ASJ advierte que esto refleja la desconfianza ciudadana hacia las autoridades, no una reducción real del delito.
El Distrito Central encabeza la lista de municipios con más denuncias por extorsión, seguido por San Pedro Sula y Choloma. En cuanto a tasa poblacional, La Ceiba y Valle de Ángeles —zonas de alta actividad turística— figuran entre los municipios con mayor incidencia.
Respecto a los homicidios, si bien existe una tendencia decreciente desde años anteriores, Honduras sigue teniendo la tasa más alta de Centroamérica. En 2024, superó a Guatemala por más de 10 puntos porcentuales. El Distrito Central concentró la mayor cantidad de muertes violentas, superando a San Pedro Sula, Choloma y Catacamas. Sorprendentemente, municipios pequeños como Ilama, Gualala, San Miguelito y Tatumbla también presentaron altos índices de violencia.
El informe de ASJ critica la falta de priorización adecuada en la aplicación del estado de excepción, señalando que muchas zonas altamente afectadas por el crimen no han recibido atención focalizada, mientras que otras con baja incidencia fueron incluidas sin justificación clara, evidenciando una toma de decisiones improvisada.
La impunidad, según la organización, sigue siendo el mayor fracaso del sistema de justicia penal hondureño: en 2024, el 90 % de los delitos quedaron sin resolución. ASJ enfatiza que más presencia policial no es suficiente y urge a implementar un sistema de justicia independiente, funcional y articulado.
Con miras a las elecciones generales de noviembre, la ASJ expresa preocupación por los efectos del estado de excepción sobre las libertades democráticas, como el derecho a circular libremente, reunirse o preservar la inviolabilidad del domicilio.
Finalmente, la ASJ recomendó al gobierno establecer una hoja de ruta con enfoque territorial diferenciado, reducir la impunidad, fortalecer la investigación criminal y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
