Exsubdirector de SOPTRAVI enviado a prisión por malversación
Además de la pena de prisión, el juzgado ordenó multas por L 497,816.26, la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, la responsabilidad civil por reparar los daños y la pérdida de la ciudadanía.
27 de febrero de 2026
Un tribunal hondureño impuso cuatro años de cárcel y una multa de casi medio millón de lempiras a Luis Alonso Méndez Cálix, quien se desempeñó como exsubdirector de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), tras declararlo culpable del delito de malversación de fondos públicos en un caso que pone de relieve los esfuerzos recientes por sancionar actos de corrupción dentro de la gestión de bienes estatales.
La Sala II del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa consideró probado que Méndez Cálix se apropiara ilegalmente de recursos pertenecientes a la entidad estatal, afectando la administración pública. Además de la pena de prisión, el juzgado ordenó multas por L 497,816.26, la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, la responsabilidad civil por reparar los daños y la pérdida de la ciudadanía.
El fallo, que fue emitido bajo la figura de estricta conformidad entre las partes involucradas, también dejó programada la audiencia de lectura completa de la sentencia para el próximo 5 de marzo a las 9:45 a. m. en la capital hondureña, una formalidad legal donde se expondrán a profundidad los fundamentos y detalles de la condena.
De acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público, parte de la causa se centró en la disposición irregular de maquinaria y equipos de SOPTRAVI entre los años 2002 y 2003, incluyendo el traslado de activos catalogados como chatarra a particulares, así como la localización de un tractor institucional en una propiedad privada, elementos que sirvieron para sustentar el proceso penal.
Esta sentencia se da en un contexto en el que las autoridades judiciales y fiscales de Honduras han mostrado mayor firmeza al perseguir delitos que atentan contra el patrimonio estatal, en consonancia con las sanciones establecidas por la legislación para casos de corrupción y malversación de recursos públicos.
Familiares, colegas y representantes de la sociedad civil observan con atención cómo avanza este tipo de procesos, pues las decisiones judiciales en casos de altos funcionarios pretendidamente buscan enviar un mensaje de que ninguna persona está por encima de la ley, especialmente cuando se trata de resguardar el uso adecuado de bienes y fondos que pertenecen a toda la ciudadanía.
