Expertos alertan que ley de reactivación no puede reemplazar al Código del Trabajo
Diversas organizaciones sindicales, así como agrupaciones de trabajadores y juristas, han cuestionado partes del proyecto de ley que consideran podrían reducir mecanismos de protección laboral o flexibilizar derechos sin suficientes garantías de reciprocidad para los empleados.
19 de febrero de 2026
El abogado y asesor Gustavo Solórzano emitió fuertes cuestionamientos a la propuesta de Ley de Reactivación Económica, advirtiendo que varios de los mecanismos contemplados en esa iniciativa podrían contravenir disposiciones establecidas en el Código del Trabajo, que rige las relaciones laborales en Honduras y protege derechos fundamentales de los empleados.
El Código del Trabajo de Honduras, aprobado mediante Decreto n.º 189 y publicado en 1959, establece las bases de las relaciones laborales en el país, incluyendo derechos y obligaciones de empleados y empleadores, condiciones de trabajo, salarios, jornadas, higiene y seguridad, entre otros aspectos esenciales.
Solórzano, quien participa activamente en debates técnicos sobre reformas legales con implicaciones laborales y económicas, sostuvo que el proyecto de reactivación no puede prevalecer sobre normas específicas del Código del Trabajo.
En su análisis, enfatizó que estos dos cuerpos legales responden a regímenes normativos distintos: mientras la reactivación busca impulsar la actividad económica, el Código del Trabajo contiene garantías y derechos que ya han sido aprobados de manera formal y que no son susceptibles de ser dejados de lado por una nueva ley sin un proceso de armonización adecuado.
El asesor explicó que, en materia de relaciones laborales incluidos salarios, jornadas, indemnizaciones, derechos sindicales y seguridad social prevalecen las normas laborales vigentes, que fueron elaboradas por el Congreso Nacional y cuentan con un marco constitucional robusto. Por ello, recalcó la importancia de no subordinar estas garantías a disposiciones que no han sido debatidas exhaustivamente en la legislación laboral existente.
La preocupación de Solórzano surge en medio de un debate nacional sobre la manera en que Honduras puede acelerar la recuperación económica sin sacrificar derechos laborales fundamentales. En el ambiente político y económico, diferentes sectores han planteado modelos alternativos para atraer inversiones y dinamizar el mercado laboral, pero también han advertido que estos esfuerzos si se pretenden impulsar a través de una ley de reactivación no deben subvertir las protecciones laborales ya consagradas en la normativa vigente.
Diversas organizaciones sindicales, así como agrupaciones de trabajadores y juristas, han cuestionado partes del proyecto de ley que consideran podrían reducir mecanismos de protección laboral o flexibilizar derechos sin suficientes garantías de reciprocidad para los empleados. Aunque algunos sectores empresariales respaldan medidas destinadas a flexibilizar ciertos procesos para facilitar la contratación o adaptación frente a crisis económicas, otros insisten en que estas deben adoptarse dentro del marco del Código del Trabajo y no a través de disposiciones que puedan contradecirlo.
La propuesta de la Ley de Reactivación Económica ha generado división política en el Congreso Nacional, con algunos parlamentarios defendiendo la necesidad de aprobarla como una herramienta para activar sectores productivos y otros advirtiendo que el texto puede tener efectos adversos si se implementa sin un análisis jurídico profundo.
En particular, la bancada del Partido Libre fue una de las voces críticas, alegando que la iniciativa carece de sustento fiscal y pone en riesgo derechos laborales consagrados, incluso señalando que podría “violentar” normas de códigos legales ya existentes si no se ajusta mediante reformas complementarias.
Para Solórzano, la clave estará en encontrar un equilibrio entre la urgencia de dinamizar la economía y el respeto irrestricto a los derechos laborales que ya están legislados.
Su planteamiento ha sido que cualquier propuesta de reactivación económica debe ser coherente con el Código del Trabajo, e incluso que, de requerirse cambios, estos se introduzcan mediante los procedimientos de reforma correspondientes en lugar de intentos de superposición normativa.
Durante los últimos años, el debate en torno a la modernización de la legislación laboral se ha intensificado, sobre todo ante crisis económicas provocadas por fenómenos como la pandemia, fenómenos climáticos y variaciones en la productividad.
Sectores empresariales y algunos economistas han abogado por reformas o nuevas leyes que permitan mayor flexibilidad en contratos y en la formalización del empleo, mientras que sindicatos han insistido en la necesidad de respetar y fortalecer las protecciones existentes para evitar retrocesos en derechos adquiridos.
Este contexto coloca al proyecto de la Ley de Reactivación Económica en el centro de un debate que no solo es jurídico, sino también social y político, con implicaciones directas sobre las condiciones laborales y la forma en que el país enfrenta sus retos económicos inmediatos.
