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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció este lunes una licitación pública internacional para contratar 1,500 megavatios (MW) de potencia firme, con el objetivo de cubrir la creciente demanda energética del país hasta el año 2030. Sin embargo, la magnitud de la licitación ha generado preocupación entre especialistas del sector.

Honduras atraviesa una creciente demanda energética, estimada en un 5% anual, mientras su sistema eléctrico arrastra problemas estructurales como pérdidas técnicas y financieras, deuda acumulada y desconfianza de inversionistas. La ENEE, como empresa estatal, busca cubrir la demanda futura con una licitación masiva, pero enfrenta duras críticas sobre su capacidad institucional, transparencia y sostenibilidad del modelo actual. El contexto político y económico pone en duda si la licitación generará los beneficios esperados o comprometerá aún más la estabilidad financiera del país.

Kevin Rodríguez, experto en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió que nunca en la historia del país se había lanzado una licitación de tal envergadura sin contar con las condiciones técnicas y financieras adecuadas para asegurar precios competitivos. Según Rodríguez, la licitación debería fomentar una amplia participación de oferentes para lograr tarifas accesibles, pero eso no es viable bajo el contexto actual de la ENEE.

Rodríguez señaló que la ENEE registra pérdidas del 36%, las más altas de Centroamérica, lo que representa un drenaje diario de 40 millones de lempiras. Además, la estatal es el único comprador de energía, lo cual, combinado con su deuda histórica de 110 mil millones de lempiras y pagos atrasados de hasta ocho meses, aleja a los potenciales inversionistas. “Ningún inversionista apostará un dólar en esas condiciones”, dijo.

La inversión estimada para cubrir los 1,500 MW requeridos podría ascender entre 2,000 y 3,000 millones de dólares, dependiendo del tipo de tecnología adjudicada. Rodríguez también cuestionó la viabilidad de transporte de la energía, afirmando que no hay infraestructura de transmisión suficiente para llevar los kilovatios desde las plantas generadoras hasta las zonas de consumo.

A esto se suma la incertidumbre política, ya que la licitación se lanza a solo cinco meses de las elecciones generales y a seis del final del actual gobierno. Según Rodríguez, eso podría dejar contratos comprometidos a la próxima administración, abriendo la puerta a controversias legales si el nuevo gobierno considera los precios elevados. “Si se adjudican contratos en diciembre o enero y no se ejecutan, podrían terminar en demandas contra el Estado hondureño”, advirtió.

Además, criticó que el proceso ocurre tras una etapa de renegociación de contratos en el Congreso “aprobados en madrugón”, sin socialización adecuada y con uso de diésel en vez de gas natural, lo cual también afectaría los precios y la sostenibilidad.