Exfuncionarios del CNE procesados por presunto fraude en contrato de transporte electoral
La justicia hondureña abrió proceso penal contra los exmiembros de la Comisión Evaluadora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Dennis Emilio Hércules Rosa y José Martín Pastrana Sánchez, señalados por supuestas irregularidades en la contratación de servicios logísticos durante las elecciones primarias del 9 de marzo de este año.
8 de septiembre de 2025
La justicia hondureña abrió proceso penal contra los exmiembros de la Comisión Evaluadora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Dennis Emilio Hércules Rosa y José Martín Pastrana Sánchez, señalados por supuestas irregularidades en la contratación de servicios logísticos durante las elecciones primarias del 9 de marzo de este año.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE), les imputa los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en perjuicio de la administración del Estado.
En el mismo expediente ya habían sido procesados Juan Carlos Canales Lobo y Raúl Amílcar Rivera Montoya por los mismos cargos. Asimismo, el excoordinador del Proyecto de Transporte del CNE, Joel Ramos García, y el representante legal de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., Carlos Salomón Fonseca Robles, enfrentan acusaciones de fraude.
El caso se relaciona con la contratación fraudulenta para el transporte de material electoral, que habría provocado un perjuicio económico superior a los 64 millones de lempiras (L. 64,789,021.78). El requerimiento fiscal fue presentado el pasado 31 de marzo.
Como medidas cautelares, los imputados tienen prohibido salir del país, deben presentarse periódicamente en la Secretaría del Juzgado y permanecer bajo la supervisión de sus representantes legales. La audiencia preliminar está prevista para el próximo 6 de octubre a las 9:00 de la mañana.
El Ministerio Público sostiene que los exfuncionarios abusaron de su cargo al favorecer contratos sin cumplir con los procedimientos legales establecidos, comprometiendo así la transparencia en la gestión de recursos durante el proceso electoral.
El caso vuelve a colocar bajo la lupa la administración de fondos destinados a la logística de elecciones en Honduras, un tema recurrente que despierta preocupación ciudadana sobre la eficiencia y honestidad de las instituciones encargadas de organizar los comicios.
