Exfuncionarios de Salud acusados por desvío de L77.9 millones a empresas fantasmas
El Ministerio Público (MP) de Honduras ha presentado un requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios de la Secretaría de Salud por su presunta participación en un esquema de corrupción que desvió más de 77.9 millones de lempiras mediante contratos irregulares con empresas fantasmas entre 2009 y 2014.
9 de mayo de 2025
Este caso se suma a una serie de denuncias sobre corrupción en el sector salud de Honduras, donde la falta de fiscalización y la manipulación de procesos administrativos han permitido el desvío de recursos públicos destinados a la atención médica. La fragilidad de los mecanismos de control institucional en el sector salud ha comprometido la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante emergencias y ha debilitado su infraestructura básica, afectando directamente a la población más vulnerable.
Las autoridades han reiterado su compromiso de combatir la corrupción y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública para evitar que casos como este se repitan en el futuro.
El Ministerio Público (MP) de Honduras ha presentado un requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios de la Secretaría de Salud por su presunta participación en un esquema de corrupción que desvió más de 77.9 millones de lempiras mediante contratos irregulares con empresas fantasmas entre 2009 y 2014. Los acusados, que incluyen directores y administradores de hospitales en ciudades como San Lorenzo, Roatán, Choluteca, Olanchito y La Ceiba, habrían facilitado estos fraudes a través de procesos de licitación y compras públicas sin los debidos controles legales.
Entre los señalados se encuentran Óscar Antonio Anariva Cruz, Emérita Donina Matamoros Ramírez y José Adolfo Ortega Hernández, quienes supuestamente firmaron contratos con compañías como Quimtec, Lofarma y Dicomer. Estas empresas, vinculadas a una red de contrataciones fraudulentas, obtenían contratos para suministrar equipos e insumos médicos sin cumplir con los requisitos legales exigidos por la administración pública.
La investigación reveló que se llevaron a cabo 208 procesos de licitación y compras menores, todos orientados a desviar recursos hacia estas empresas, ignorando el debido proceso administrativo. En muchos casos, las empresas adjudicatarias no entregaron la totalidad de los productos comprometidos o simplemente no entregaron nada. Además, aunque la normativa establecía la aplicación de multas diarias por cada día de retraso, las sanciones nunca fueron impuestas, lo que permitió a las compañías seguir operando con impunidad.
El MP ha solicitado la captura de los responsables, incluyendo funcionarios y empresarios implicados en el caso, y continúa con las investigaciones para determinar el alcance total del daño causado al sistema sanitario nacional.
