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En un acto cargado de simbolismo y dolor, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño, ofreció disculpas públicas a las familias de los migrantes fallecidos en el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez. Entre las víctimas se encontraban seis hondureños, cuyos nombres fueron recordados durante la ceremonia realizada en el Museo de la Ciudad de México.

La disculpa forma parte de las medidas cautelares impuestas por la justicia mexicana tras la tragedia, en la que murieron 40 migrantes de diferentes nacionalidades. Garduño, quien enfrentaba un proceso por presunta omisión en la supervisión de los centros de detención, fue beneficiado en enero de 2025 con la suspensión provisional del juicio, a cambio de cumplir con obligaciones como pedir perdón público, indemnizar a los familiares, asistir a cursos de derechos humanos y garantizar mejoras en el sistema de albergues.

“Estas palabras nacen de la humildad y de la necesidad de reconocer el sufrimiento causado. No hay forma de reparar lo irreparable, pero sí de comprometernos a que no vuelva a suceder”, expresó Garduño con tono solemne.

Pese a la disculpa, los familiares de las víctimas consideran que el gesto es insuficiente frente a la magnitud de la tragedia. “Una disculpa y dinero no nos devuelven lo que perdimos. Queremos justicia, no solo palabras”, manifestó la madre de uno de los hondureños fallecidos.

El cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, acompañó a los familiares en la ceremonia, destacando que el caso debe ser un recordatorio de la urgencia de mejorar las condiciones de los migrantes en tránsito y garantizar sus derechos fundamentales.

El 27 de marzo de 2023, un grupo de migrantes retenidos en la estación de Ciudad Juárez prendió fuego a colchonetas en señal de protesta por las condiciones del encierro. Las puertas cerradas y la falta de protocolos de emergencia transformaron la protesta en tragedia: el humo se propagó en cuestión de minutos, dejando 40 muertos y más de 20 heridos.

El caso generó indignación internacional y cuestionamientos hacia el sistema migratorio mexicano, acusado de mantener prácticas inhumanas en los centros de detención. Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que lo ocurrido en Ciudad Juárez fue “una tragedia anunciada”, derivada del hacinamiento, la negligencia y la falta de supervisión.

Con el acto público, México busca mostrar un avance en el cumplimiento de compromisos judiciales y diplomáticos. Sin embargo, persiste el reclamo de fondo: que se identifiquen y castiguen a los responsables directos de haber mantenido las instalaciones cerradas mientras los migrantes pedían auxilio.

Además, especialistas advierten que la disculpa de Garduño no resuelve el problema estructural. La política migratoria mexicana, presionada por acuerdos con Estados Unidos, mantiene a miles de centroamericanos y sudamericanos en condiciones precarias mientras esperan respuesta a sus procesos.

Para Honduras, el incendio de Ciudad Juárez sigue siendo una herida viva. El gobierno ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de que se respeten los derechos humanos de sus ciudadanos en tránsito, al tiempo que refuerza programas de retorno asistido y protección consular.

Más allá de las palabras, los familiares de las víctimas esperan que el caso no quede en la impunidad y que sirva como un punto de inflexión para evitar nuevas tragedias en los centros migratorios de la región.