Este martes se define el futuro judicial de JOH
La resolución está prevista para el martes 1 de septiembre a la 1:30 de la tarde. En esa audiencia, el juez deberá determinar si existen suficientes indicios para ordenar que el proceso continúe formalmente o si, por el contrario, acepta la petición de la defensa y decreta el cierre definitivo del caso.
31 de agosto de 2026
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández manifestó que confía en que la resolución de su proceso por presunto fraude y lavado de activos será favorable y que prevalecerá la justicia. Sus declaraciones se producen a pocas horas de que un juez determine si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal o si corresponde cerrar definitivamente el expediente.
Hernández enfrenta en Honduras el denominado caso Pandora II, una investigación relacionada con el supuesto manejo irregular de aproximadamente 10.8 millones de dólares entre 2010 y 2013, período en el que ocupaba la presidencia del Congreso Nacional. La Fiscalía sostiene que esos recursos habrían sido desviados mediante operaciones vinculadas a dos fundaciones y utilizados para financiar actividades políticas.
El exmandatario, que regresó al país en julio de 2026 después de recibir un indulto en Estados Unidos, ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existe evidencia que demuestre que recibió o manejó de manera ilícita los fondos investigados.
Durante una concentración realizada en Gracias, Lempira, Hernández volvió a referirse al proceso y pidió a sus simpatizantes mantener sus oraciones de cara a la decisión judicial. El exgobernante aseguró que, a su juicio, las actuaciones desarrolladas durante la audiencia han dejado en evidencia que no existen pruebas suficientes para responsabilizarlo.
La etapa de conclusiones de la audiencia inicial terminó el 26 de agosto, después de que el Ministerio Público ratificara su acusación por los delitos de fraude y lavado de activos. La Fiscalía solicitó que se dicte auto de formal procesamiento y que se mantenga la prisión preventiva como medida cautelar.
La defensa, por su parte, pidió un sobreseimiento definitivo. Sus abogados sostienen que las pruebas presentadas no establecen una participación de Hernández en los hechos que se investigan y argumentan que las decisiones relacionadas con el movimiento presupuestario correspondían al Poder Ejecutivo y no al Congreso Nacional, institución que él presidía durante el período bajo investigación.
La resolución está prevista para el martes 1 de septiembre a la 1:30 de la tarde. En esa audiencia, el juez deberá determinar si existen suficientes indicios para ordenar que el proceso continúe formalmente o si, por el contrario, acepta la petición de la defensa y decreta el cierre definitivo del caso.
Hernández enfrenta actualmente el proceso en libertad y con prohibición de salir de Honduras, medidas cautelares establecidas durante la audiencia de declaración de imputado realizada el pasado 3 de agosto. En esa misma etapa se determinó que el expediente sería conocido por la justicia ordinaria y no por la Corte Suprema de Justicia.
