Estado destina L26.2 millones a cirugías privadas
La situación deja sobre la mesa una discusión más amplia: cómo atender con rapidez a los pacientes mientras se recupera la capacidad quirúrgica de los hospitales públicos y se garantiza un uso eficiente de los recursos destinados a salud.
26 de agosto de 2026
El Estado de Honduras ha destinado más de 26.2 millones de lempiras para financiar procedimientos quirúrgicos en hospitales privados, como parte de una estrategia para reducir la mora acumulada en la red pública de salud.
Los registros correspondientes al período entre marzo y julio de 2026 contabilizan 405 facturas relacionadas con cirugías, valoraciones y otros servicios médicos. El promedio registrado ronda los 64,919 lempiras por factura, aunque los montos varían dependiendo del procedimiento realizado.
La contratación de servicios privados surgió como una medida para atender a pacientes que permanecen en espera de una intervención quirúrgica en los hospitales públicos. Sin embargo, el gasto ha generado cuestionamientos debido al costo de algunos procedimientos y a la capacidad que todavía existe en la red estatal.
Entre los establecimientos privados que concentran los pagos figuran el Centro Médico Lancetilla, Hospital y Clínicas San Jorge, Hospital y Clínicas Viera, Hospital CEMESA y Clínica PorSalud. El Centro Oncológico Hondureño también aparece en los registros con una facturación menor.
Uno de los procedimientos que concentra más recursos es la colecistectomía laparoscópica, utilizada para retirar la vesícula biliar. Los registros acumulan más de L10.5 millones por este tipo de intervención.
El Centro Médico Lancetilla encabeza los pagos con aproximadamente L7.78 millones, seguido por el Hospital y Clínicas San Jorge con unos L7.66 millones. Posteriormente aparecen el Hospital y Clínicas Viera, CEMESA y PorSalud.
El mecanismo también ha sido objeto de críticas. El diputado y médico Carlos Umaña cuestionó los montos destinados a los centros privados y sostuvo que parte de esos recursos podría utilizarse para fortalecer los quirófanos, contratar especialistas y mejorar la capacidad de los hospitales públicos. La preocupación cobra relevancia porque la mora quirúrgica continúa representando un desafío para el sistema sanitario. La Asociación para una Sociedad más Justa ha señalado que decenas de quirófanos de la red pública permanecen fuera de funcionamiento.
El Gobierno, por su parte, busca utilizar la contratación privada como una vía para acelerar la atención de pacientes que llevan meses esperando una cirugía. El debate ahora se concentra en si esta estrategia permitirá reducir efectivamente las listas de espera y si los costos asumidos por el Estado resultan sostenibles.
La situación deja sobre la mesa una discusión más amplia: cómo atender con rapidez a los pacientes mientras se recupera la capacidad quirúrgica de los hospitales públicos y se garantiza un uso eficiente de los recursos destinados a salud.
