Estado brindará seguridad en el retorno de Juan Orlando Hernández
De acuerdo con información difundida por autoridades de seguridad, tras su retorno el exmandatario contaría con protección del Estado, en su condición de expresidente de la República, lo que implica la asignación de un esquema de resguardo establecido para exjefes de Estado.

2 de julio de 2026
El retorno a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández ha generado atención política y mediática, especialmente tras confirmarse decisiones judiciales recientes que modifican su situación legal en el país. En este escenario, autoridades de seguridad han explicado el tipo de resguardo que podría recibir como exmandatario.
El expresidente Juan Orlando Hernández regresará a Honduras a finales de julio, luego de permanecer fuera del país tras procesos judiciales en Estados Unidos, donde enfrentó condenas relacionadas con delitos de narcotráfico y posteriormente obtuvo un indulto presidencial, lo que derivó en cambios en su situación legal internacional.
De acuerdo con información difundida por autoridades de seguridad, tras su retorno el exmandatario contaría con protección del Estado, en su condición de expresidente de la República, lo que implica la asignación de un esquema de resguardo establecido para exjefes de Estado.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que este tipo de protección no responde a un beneficio personal extraordinario, sino a los protocolos que se aplican de forma estándar a quienes han ocupado la presidencia, los cuales contemplan medidas de seguridad determinadas por evaluaciones de riesgo.
Según lo señalado, dichas medidas pueden incluir personal asignado, vehículos oficiales y coordinación con cuerpos de seguridad del Estado, dependiendo del análisis que realicen las unidades correspondientes sobre el nivel de amenaza o riesgo que enfrente el exmandatario.
Las autoridades indicaron que, previo a la implementación del esquema de protección, se realiza un estudio de seguridad que determina la modalidad del resguardo, el cual puede ser ejecutado por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, según corresponda.
El anuncio ha generado reacciones en distintos sectores, en un contexto político aún marcado por el debate en torno a la figura del exmandatario y los procesos judiciales que ha enfrentado dentro y fuera del país.
Con su retorno previsto para finales de julio, el caso vuelve a colocar a Hernández en el centro de la agenda pública nacional, tanto por su situación legal como por las condiciones de seguridad que rodearán su llegada al país.










