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Desde este miércoles quedó oficialmente en vigor un conjunto de amnistías aprobado por el Congreso Nacional de Honduras, con el propósito de ofrecer alivio económico a miles de ciudadanos, empresas e instituciones que mantienen deudas acumuladas con el Estado, alcaldías y servicios públicos, sin la carga de multas, intereses ni recargos asociados a esos saldos pendientes.

El paquete, contenido en el Decreto 7-2026 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, permite a personas naturales y jurídicas regularizar una amplia gama de obligaciones financieras contraídas hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre que se acojan al beneficio dentro de los plazos establecidos.

Entre los sectores incluidos en la medida figuran los tributos municipales, tasas y contribuciones locales, así como deudas por servicios de energía eléctrica con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), consumo de agua potable y obligaciones con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), todo sin recargos ni penalidades acumulados por mora administrativa o judicial.

También se incorpora una amnistía vehicular, que faculta a propietarios con matrículas y tasas pendientes a pagar solo el monto base sin multas, además de autorizar de forma excepcional la importación, nacionalización y registro de vehículos extranjeros bajo condiciones especiales.

Además del componente municipal y de servicios básicos, la amnistía tributaria nacional permitirá la regularización de obligaciones relacionadas con impuestos como el Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Sobre Ventas y otros tributos fiscales, siempre que se cumpla con las condiciones del decreto.

El paquete también contempla un aspecto migratorio, suspende temporalmente sanciones administrativas para extranjeros en situación irregular que realicen el registro correspondiente ante las autoridades, sin multas por ingreso o estadía hasta fines de 2026, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las autoridades han señalado que el beneficio tiene una vigencia general de tres meses para la mayoría de los casos, aunque en el caso de las amnistías de carácter tributario nacional se ha fijado un plazo de cuatro meses, y la amnistía en materia migratoria permanecerá hasta diciembre de 2026.

Las autoridades esperan que esta iniciativa incentive el cumplimiento voluntario de obligaciones, fortaleza la recaudación estatal y ofrezca un respiro financiero a familias, negocios y contribuyentes que enfrentaban sanciones acumuladas durante años. Instituciones públicas y privadas tendrán la opción adicional de suscribir convenios de pago sin perder el beneficio de la amnistía, siempre dentro de los plazos previstos en el decreto.

Este paquete de amnistías forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno y el Legislativo para dinamizar la economía y reducir la presión financiera sobre la población, en medio de un contexto donde muchos hondureños han enfrentado dificultades para cumplir con obligaciones por la situación económica reciente.

Con la entrada en vigencia de estas medidas, los hondureños podrán saldar deudas pendientes ante diversas entidades sin multas ni recargos, siempre que cumplan con los plazos y requisitos definidos por el decreto publicado en La Gaceta.