Empresarios y Gobierno discrepan sobre efectividad de subsidios en Honduras
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, aseguró que los subsidios no representan una solución real para reducir la pobreza en Honduras y que el verdadero camino pasa por generar empleos a través de la inversión privada.
16 de septiembre de 2025
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, aseguró que los subsidios no representan una solución real para reducir la pobreza en Honduras y que el verdadero camino pasa por generar empleos a través de la inversión privada.
“La pobreza no se reduce con subsidios, salvo que se trate de países con abundantes recursos naturales como petróleo, gas o minería. Lo que se necesita son condiciones para atraer inversión, tanto nacional como extranjera, y eso no se logra mientras persistan problemas como la invasión de tierras en el sector agrícola”, expresó García.
El planteamiento del dirigente empresarial contrasta con la posición del Gobierno, que defiende los programas de alivio social aplicados en los últimos años. El titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Christian Duarte, explicó que más de 800,000 familias se han visto beneficiadas con subsidios a la energía eléctrica y combustibles, evitando un mayor impacto inflacionario.
De acuerdo con SEFIN, entre 2022 y 2025 el Estado ha destinado más de 17,000 millones de lempiras al subsidio de la energía eléctrica, cifra doce veces superior a lo invertido por la administración anterior en este mismo rubro. Según el informe oficial, esa política permitió que la inflación cerrara 2024 en su nivel más bajo en ocho años.
El gobierno proyecta mantener estos apoyos en 2026, priorizando el subsidio energético para consumos menores de 150 kWh, reducciones de impuestos a los combustibles, un bono al transporte público y transferencias a familias de bajos ingresos y municipalidades.
El debate sobre los subsidios se da en un contexto en el que el empresariado insiste en la creación de condiciones estructurales para atraer capital e impulsar el empleo, mientras las autoridades destacan la función de estas ayudas como un mecanismo de justicia social frente a la crisis económica.
