Empresario seguirá proceso judicial sin arresto domiciliario
Con la nueva decisión judicial, el proceso continúa su curso en tribunales, donde se deberán evacuar pruebas y audiencias para determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidad penal o, en su defecto, exonerar al acusado.

19 de mayo de 2026
Un empresario de nacionalidad estadounidense que enfrenta un proceso judicial en Honduras por su presunta implicación en un millonario caso de fraude contra el Estado hondureño continuará su proceso penal en libertad, luego de que un tribunal competente decidiera revocar la medida de arresto domiciliario que se le había impuesto previamente.
La resolución judicial modifica las condiciones en las que el acusado venía enfrentando el proceso, permitiéndole defenderse sin permanecer bajo resguardo en su residencia, aunque manteniendo las medidas cautelares necesarias para asegurar su comparecencia ante las autoridades. El caso se mantiene abierto y bajo investigación por parte del sistema de justicia.
De acuerdo con el expediente, el empresario —identificado como Murray Paul Farmer— es señalado por su presunta participación en un esquema relacionado con un laudo arbitral que habría generado un impacto económico significativo para las finanzas públicas del país, con cifras que superarían los miles de millones de lempiras. Las autoridades sostienen que el proceso busca determinar la legalidad de dichas operaciones y el grado de responsabilidad de los involucrados.
El caso ha sido seguido de cerca debido a la magnitud de los recursos en discusión y a las implicaciones que podría tener en la administración de fondos estatales. Mientras tanto, la defensa del imputado ha reiterado en distintas etapas del proceso que su representado es inocente y que actuó dentro del marco legal en las operaciones cuestionadas.
Con la nueva decisión judicial, el proceso continúa su curso en tribunales, donde se deberán evacuar pruebas y audiencias para determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidad penal o, en su defecto, exonerar al acusado.
El sistema judicial hondureño mantiene que este tipo de resoluciones forman parte del debido proceso, mientras avanza la investigación sobre uno de los casos financieros más relevantes que actualmente se ventilan en el país.










