NACIONALES

El empresario estadounidense Carl Alan Zaglin fue declarado culpable en una corte del sur de Florida por pagar sobornos a exfuncionarios hondureños para asegurar millonarios contratos financiados con la Tasa de Seguridad Poblacional, un fondo que debía destinarse exclusivamente a fortalecer la seguridad en Honduras.

Zaglin, quien dirigía la empresa Atlanco, obtuvo adjudicaciones entre 2015 y 2016 para suministrar uniformes y equipo táctico a la Policía Nacional. Las investigaciones revelaron que, a través de sobornos y maniobras irregulares, la compañía logró contratos que superaron los 10 millones de dólares.

Uno de los contratos alcanzó los 4.87 millones de dólares, otro los 7.34 millones, y en total se identificó un flujo de 10.47 millones provenientes del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, fondos administrados con la participación de instituciones estatales y bancos.

Durante el juicio, que se extendió por nueve días, la fiscalía presentó correos electrónicos, transferencias bancarias y conversaciones por WhatsApp que detallan cómo operó la red de sobornos. Los fiscales estadounidenses explicaron que Atlanco utilizó empresas de fachada y cuentas en el extranjero para ocultar los pagos ilícitos.

El caso también involucró a exdirectivos del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, como Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina, quienes admitieron su participación y testificaron como colaboradores. Nombres de peso en la política y la seguridad de Honduras, como Julián Pacheco Tinoco y Jaime Nativí, fueron mencionados en la trama, aunque algunos niegan haber cometido ilícitos.

El caso ha generado un fuerte impacto político y social en Honduras, ya que los recursos de la Tasa de Seguridad fueron creados para financiar la lucha contra la criminalidad y el crimen organizado. En lugar de ello, según el expediente judicial, fueron utilizados como fuente de enriquecimiento ilícito para funcionarios y empresarios corruptos.

Diversos sectores han exigido al gobierno hondureño y al Ministerio Público profundizar las investigaciones a nivel interno para establecer responsabilidades locales. Organizaciones de sociedad civil han señalado que este fallo en Estados Unidos confirma lo que por años denunciaron: que los fondos de seguridad fueron manejados con opacidad y corrupción.

Tras el veredicto de culpabilidad, Zaglin enfrentará una audiencia de sentencia en los próximos meses, donde podría recibir varios años de prisión en territorio estadounidense. El fallo también podría abrir la puerta a nuevas acusaciones contra otros actores hondureños vinculados al caso, dependiendo de la cooperación internacional entre las fiscalías de ambos países.

El juicio marca un precedente en la rendición de cuentas sobre el uso de la Tasa de Seguridad y revive el debate sobre la necesidad de reformas profundas en los mecanismos de contratación pública en Honduras.