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Las autoridades hondureñas están en alerta tras registrarse una serie de embargos y ejecuciones judiciales contra cuentas del Estado por más de 3,000 millones de lempiras en apenas diez días, un fenómeno que, según autoridades financieras, no tiene precedentes recientes y que ha puesto en riesgo la estabilidad fiscal del país.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, reveló que esta ola de embargos, que se acumula en un corto periodo, presiona de forma severa la Cuenta Única del Tesoro, comprometiendo recursos que no fueron contemplados en el presupuesto vigente para obligaciones prioritarias como pago de salarios, proveedores y servicios básicos.

Según las cifras oficiales, el monto embargado en la última semana representa una parte significativa del total de embargos registrados en los últimos cinco años, período en el que las demandas laborales y otros procesos similares sumaron cerca de 10,000 millones de lempiras, pero nunca con un ritmo tan acelerado como el observado recientemente.

La situación motivó una reunión de emergencia entre funcionarios de alto nivel de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Finanzas y representantes del Banco Central de Honduras, con el fin de evaluar estrategias para detener la ejecución descontrolada de embargos y proteger las finanzas públicas.

Hércules advirtió que estos embargos parecieran obedecer a procedimientos que no han respetado los mecanismos legales establecidos en el artículo 313 del Presupuesto General de la República, el cual exige que antes de autorizar cualquier embargo los juzgados consulten con la Tesorería General de la República sobre la disponibilidad presupuestaria.

El funcionario incluso señaló indicios de “colusión” entre actores del sistema judicial, la Procuraduría y abogados privados, que habrían acelerado procesos para embargar cuentas estatales de forma poco transparente, aunque estos señalamientos siguen bajo investigación.

Por su parte, la magistrada Odalis Nájera aseguró que la independencia judicial se mantiene, pero reconoció la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones para evitar que la ejecución de sentencias laborales y otros fallos afecte de forma desproporcionada el presupuesto público.

La presión sobre las finanzas del Estado también ha llevado a un llamado a revisar procedimientos internos, así como la elaboración de manuales y guías que orienten a las entidades públicas en procesos de despido y otros actos que puedan derivar en demandas laborales.

Expertos y autoridades coinciden en que, de no controlarse, esta situación podría impactar servicios esenciales como salud, educación y seguridad, así como limitar la capacidad del Gobierno para ejecutar proyectos de inversión pública en 2026.

La preocupación crece también entre alcaldes y líderes locales, quienes han sido advertidos sobre la necesidad de gestionar de manera responsable sus finanzas para evitar que sus municipalidades también se vean afectadas por embargos que comprometan servicios a la población.