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La financiación ilícita de campañas electorales en Honduras vuelve a ser una preocupación latente de cara a los comicios generales del 9 de marzo de 2025. Defensores de la lucha contra la corrupción han advertido sobre el riesgo que representa el dinero del narcotráfico en el proceso electoral, especialmente ante la falta de transparencia en el uso de los recursos por parte de los candidatos.

Un reciente informe de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) señala que la debilidad del sistema de supervisión financiera permite que grupos criminales incidan en la política nacional. El documento, publicado el 29 de enero, destaca que las elecciones de 2025 representan un momento clave para que Honduras fortalezca sus instituciones estatales y recupere la confianza en su democracia.

Según el informe, la Unidad de Política Limpia ha detectado que gran parte del dinero recibido por los principales partidos políticos en procesos anteriores proviene de "fuentes desconocidas". Entre 2017 y 2023, se determinó que el 77 % de los fondos del Partido Liberal durante los ciclos electorales de 2017 y 2021 carecían de procedencia clara. Por su parte, los partidos Nacional y Libre registraron el 50 % y 40 % respectivamente en la misma categoría.

Esta situación se agrava con antecedentes que vinculan a políticos con el crimen organizado. En septiembre de 2024, InSight Crime reveló un video donde Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, aparecía reunido con narcotraficantes de alto nivel para discutir financiamiento de campaña en 2013. Aunque Zelaya admitió la reunión, negó haber recibido fondos ilícitos.

A pesar de la evidencia de financiamiento ilícito en procesos anteriores, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en 2024 un aumento en los límites de gasto de campaña. Ahora, los candidatos presidenciales pueden recibir hasta 500 millones de lempiras (casi 20 millones de dólares), una cifra que expertos consideran desproporcionada para el contexto hondureño y que facilita la infiltración de dinero del narcotráfico.

Alejandra Fuentes, abogada de Transparencia Internacional, advierte que este incremento deja "un campo demasiado abierto" para que los candidatos utilicen recursos sin rendir cuentas, lo que amplifica la vulnerabilidad del proceso electoral ante el crimen organizado. Según Fuentes, la contribución de 650.000 dólares que cinco narcotraficantes ofrecieron a Zelaya en 2013 representaba apenas el 3 % del límite actual de financiación.

El problema se agrava porque gran parte de estos pagos se realizan en efectivo, lo que dificulta su rastreo. Un exinvestigador de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) afirmó a InSight Crime que "no hay una forma efectiva de supervisar estas transacciones, lo que facilita la corrupción".

La falta de consecuencias para quienes infringen las leyes de financiación política ha permitido que la relación entre políticos y narcotraficantes se mantenga. En 2021, solo el 66 % de los 4.879 candidatos presentaron informes financieros detallados, y de los que no lo hicieron, apenas la mitad recibió sanciones simbólicas. A pesar de esto, muchas de las multas no fueron aplicadas.

La impunidad ha consolidado una relación de conveniencia entre ciertos políticos y el narcotráfico. "Cuando los candidatos buscan financiamiento y no lo encuentran en fuentes legítimas, recurren al dinero del crimen organizado", explicó el exinvestigador de la MACCIH. "Y ese dinero nunca es gratuito, siempre se traduce en favores e impunidad".

El desafío para Honduras en las elecciones de 2025 no es solo elegir nuevos líderes, sino garantizar que el proceso sea limpio y libre de interferencias criminales. Sin reformas profundas en los mecanismos de supervisión y aplicación de la ley, la democracia del país continuará amenazada por el poder del narcotráfico.

Fuente: InSight Crime