EEUU señala fallas de Honduras contra la trata de personas
En esta clasificación, Honduras permanece en el Nivel 2, categoría que agrupa a los países cuyos gobiernos no satisfacen completamente los estándares mínimos establecidos por la legislación estadounidense, pero que realizan esfuerzos importantes para acercarse a ellos.
13 de octubre de 2026
Honduras continúa sin cumplir plenamente los estándares mínimos establecidos por Estados Unidos para combatir la trata de personas, según el informe correspondiente a 2026 del Departamento de Estado. Aunque el país registra avances en procesos judiciales y condenas, el documento advierte que persisten deficiencias en la protección de las víctimas, la disponibilidad de recursos institucionales y la capacidad para investigar estos delitos.
El informe estadounidense sobre la trata de personas evalúa las medidas adoptadas por los gobiernos para prevenir este delito, identificar a las víctimas, perseguir a los responsables y garantizar asistencia a las personas afectadas.
En esta clasificación, Honduras permanece en el Nivel 2, categoría que agrupa a los países cuyos gobiernos no satisfacen completamente los estándares mínimos establecidos por la legislación estadounidense, pero que realizan esfuerzos importantes para acercarse a ellos. Esta posición refleja que todavía existen tareas pendientes para fortalecer la respuesta nacional.
Entre los aspectos positivos, el documento destaca un incremento en las acciones judiciales contra presuntos responsables de trata de personas. De acuerdo con los datos divulgados sobre la evaluación de Honduras, las autoridades investigaron 42 casos durante 2024, procesaron judicialmente a 69 sospechosos y consiguieron 30 condenas, frente a las 21 registradas el año anterior. La mayoría de los expedientes estuvo vinculada con explotación sexual.
Sin embargo, los avances en materia penal no han eliminado las preocupaciones sobre la atención a quienes sufren este delito. Una de las observaciones centrales es que el Estado no informó si todas las víctimas identificadas recibieron los servicios de asistencia necesarios, lo que dificulta evaluar si la respuesta institucional cubre de manera integral sus necesidades de protección y recuperación.
El reporte también advierte sobre limitaciones de personal y presupuesto en las unidades policiales y fiscales encargadas de investigar estos casos. Según la evaluación, las capacidades operativas se concentran principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, mientras que otras zonas del territorio nacional presentan una cobertura más reducida para atender a las personas afectadas y desarrollar investigaciones.
Otra de las dificultades identificadas es la detección de víctimas de explotación laboral. El informe plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de identificación y mejorar la preparación de los funcionarios que tienen contacto directo con posibles afectados, incluidos migrantes y personas en condiciones de vulnerabilidad.
La permanencia de Honduras en el Nivel 2 refleja un escenario de avances parciales y deficiencias persistentes. El desafío para el país consiste en convertir los resultados judiciales en una respuesta más amplia y efectiva, que combine prevención, sanción de los delitos y asistencia integral para las personas afectadas.
