EEUU revoca visa a Luis Redondo
La medida fue confirmada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que también informó la cancelación del visado del magistrado Mario Morazán y el rechazo de una solicitud presentada por Marlon Ochoa.

20 de diciembre de 2025
Las autoridades de Estados Unidos revocaron la visa del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en una decisión vinculada a presuntas acciones que habrían interferido en el desarrollo del proceso electoral hondureño. La medida fue confirmada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que también informó la cancelación del visado del magistrado Mario Morazán y el rechazo de una solicitud presentada por Marlon Ochoa.
Según la comunicación oficial, la determinación responde a preocupaciones sobre el respeto al recuento de votos y al principio de participación ciudadana, tras una jornada electoral que registró una alta afluencia a las urnas.
La CBP subrayó que millones de electores expresaron su voluntad en el proceso y que esta debe ser garantizada, al tiempo que reiteró que Washington no avalará conductas que, a su juicio, comprometan la estabilidad democrática ni la seguridad regional.
En su pronunciamiento, la agencia estadounidense indicó que la revocación de la visa se sustenta en la obligación de proteger la integridad de los procesos democráticos y de actuar cuando existan señales de obstrucción institucional. En ese marco, advirtió que mantendrá una postura firme frente a acciones que puedan afectar la gobernabilidad y la confianza pública en la región.
Tras conocerse la decisión, Luis Redondo respondió rechazando lo que calificó como presiones externas y defendiendo el principio de soberanía nacional.
En un mensaje público, sostuvo que el derecho internacional limita la intervención extranjera en asuntos internos y argumentó que cualquier señalamiento sobre procesos electorales debe resolverse dentro del marco institucional hondureño.
Asimismo, aludió a precedentes internacionales para afirmar que la legitimidad democrática depende de la voluntad popular y del respeto a las normas internas, insistiendo en que las decisiones sobre el rumbo político del país corresponden exclusivamente a los hondureños.










