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Un juez federal del estado de California ha ordenado la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal, brindando un nuevo respiro a quienes estaban en riesgo de perder su estatus legal en Estados Unidos.

La decisión judicial, emitida este jueves, suspende la terminación del TPS para estos tres países hasta el 18 de noviembre de 2025, fecha programada para una nueva audiencia sobre el fondo del caso. Se estima que la medida beneficia a unos 60,000 migrantes, entre ellos 51,000 hondureños, 3,000 nicaragüenses y 7,000 nepalíes.

El TPS, que permite a ciudadanos de países designados residir y trabajar legalmente en EE. UU., debía vencer el 5 de agosto para Nepal y el 8 de septiembre para Honduras y Nicaragua.

De no haberse prorrogado, miles de personas habrían quedado expuestas a procesos de deportación y pérdida de empleo legal.

La cancelación del TPS para estos países había sido impulsada durante la administración del expresidente Donald Trump, como parte de una política migratoria más restrictiva. Desde entonces, el tema ha sido objeto de litigios en múltiples tribunales del país, con fallos mixtos según el estado y el momento político.

Además de este caso, la administración Trump también eliminó el TPS para haitianos, venezolanos y ucranianos, afectando a cientos de miles de personas.

Líderes comunitarios, como Mariano Guzmán y Juan Flores, celebraron el fallo de la Corte Federal del Noveno Circuito en San Francisco, calificándolo como un paso vital para garantizar estabilidad legal mientras el proceso judicial sigue su curso.

Por su parte, el canciller hondureño Javier Bu Soto calificó la resolución como una victoria humanitaria.

“La decisión reconoce que los demandantes buscan ejercer su derecho a vivir con libertad y sin temor mientras dure el litigio”, señaló.

También reiteró que el Gobierno de Honduras continuará brindando acompañamiento a sus compatriotas beneficiarios del TPS a través de la Red Consular, tal como ha sido instruido por la presidenta Xiomara Castro.

Aunque la extensión representa un alivio temporal, organizaciones proinmigrantes y líderes políticos continúan exigiendo una reforma migratoria integral que garantice una solución definitiva para los miles de migrantes con TPS, cuya vida en EE. UU. depende de renovaciones judiciales o administrativas periódicas.

Mientras tanto, los beneficiarios tienen la oportunidad de continuar con su vida laboral y familiar, al menos hasta que se defina su situación legal en la audiencia programada para noviembre de 2025.