DLCN denuncia a jueza por liberar a presunto jefe criminal
El incidente ha generado debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia, particularmente en casos vinculados al crimen organizado, donde se exige mayor rigor en la aplicación de la ley y coherencia entre las acciones de seguridad y las decisiones judiciales.
8 de abril de 2026
El director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el general Ramiro Muñoz, denunció públicamente a una jueza en Olancho tras la liberación de un sospechoso señalado como líder criminal, capturado durante una operación de alto impacto.
En Honduras, las acciones contra el narcotráfico suelen involucrar operativos coordinados entre el Ministerio Público y cuerpos de seguridad, dirigidos a desarticular estructuras vinculadas al crimen organizado y al lavado de activos. Sin embargo, decisiones judiciales posteriores a capturas relevantes han generado cuestionamientos en distintos sectores, especialmente cuando implican la liberación de imputados con evidencias consideradas contundentes.
La denuncia surge luego de que un juzgado ordenara dejar en libertad al imputado, identificado como José Paguada Gómez, pese a que fue capturado con un arsenal que incluía armas de uso prohibido y accesorios como silenciadores. Según las autoridades, el acusado únicamente quedó sujeto a medidas como firmar periódicamente y el pago de una multa económica.
El general Muñoz expresó su inconformidad con la resolución judicial, calificándola como un agravio para la población, al considerar que la magnitud de las evidencias incautadas justificaba una medida más estricta. En sus declaraciones, cuestionó el impacto que este tipo de decisiones tiene en la lucha contra estructuras criminales.
El caso se origina en una operación ejecutada en varios departamentos del país, incluyendo Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso, en la que se aseguraron bienes, vehículos, armas y productos financieros presuntamente vinculados a actividades ilícitas. Estas acciones estaban orientadas a debilitar redes relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos.
Tras la polémica, el Poder Judicial anunció que se investigará la actuación de la jueza señalada. La Inspectoría General de Tribunales fue instruida para revisar el caso, mientras que también se recordó que el Ministerio Público puede interponer los recursos legales correspondientes contra la resolución emitida.
El incidente ha generado debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia, particularmente en casos vinculados al crimen organizado, donde se exige mayor rigor en la aplicación de la ley y coherencia entre las acciones de seguridad y las decisiones judiciales.
Con esta denuncia, las autoridades de la DLCN buscan que se revisen los criterios aplicados en este tipo de resoluciones, en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico continúa siendo uno de los principales desafíos para el Estado hondureño.
