Discusión en Honduras por reforma judicial
El debate continúa abierto en arenas políticas y jurídicas, con el Poder Legislativo defendiendo la constitucionalidad del decreto y otros sectores adelantan recursos y advertencias sobre posibles efectos negativos en la separación de poderes y la estabilidad institucional en Honduras.
24 de febrero de 2026
En la capital del país se ha generado un intenso debate político y jurídico tras la aprobación de una reforma que modifica un artículo transitorio vinculado con la organización del Poder Judicial, un hecho que ha despertado críticas de varios sectores y planteamientos de posibles acciones legales por supuestas vulneraciones constitucionales.
El Congreso Nacional de Honduras publicó recientemente en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto 10-2026, con el cual se cambia el Artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo 282-2010.
Esta disposición transitoria estaba vinculada al ejercicio de funciones administrativas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y con la reforma se restringe la exclusividad de la presidencia del máximo tribunal para nombramientos y decisiones administrativas, trasladando dichas atribuciones al pleno de 15 magistrados.
Legisladores que impulsaron la enmienda han defendido la modificación como un paso hacia la colegialidad en la administración judicial, bajo el argumento de disminuir la concentración de poder en la figura de la presidenta de la CSJ y distribuir responsabilidades entre todos los magistrados.
Sin embargo, la medida ha despertado señales de alerta desde distintos ámbitos. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó preocupación por el procedimiento seguido para aprobar la reforma, al considerar que aunque formalmente se trabajó sobre un artículo transitorio, su impacto toca aspectos vinculados con la estructura constitucional del sistema de justicia y podría generar incertidumbre jurídica si no se respeta el proceso de reforma constitucional previsto en la Carta Magna.
Además de las advertencias institucionales, representantes de sectores judiciales han señalado que el cambio ha coincidido con cerca de 90 a 100 nombramientos “a última hora” dentro del Poder Judicial, lo que ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de los criterios de carrera y mérito establecidos en la normativa vigente, y ha avivado aún más la polémica.
La Asociación de Jueces por la Democracia ha anunciado la intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, argumentando que el Congreso no cumplió con el procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 373 de la Constitución, que exige ratificación en la legislatura siguiente para efectos de cambios con impacto estructural.
En medio de la polémica, organizaciones gremiales y analistas han insistido en la necesidad de avanzar en la aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que regularice la administración de nombramientos y otras funciones, evitando vacíos legales y fortaleciendo la independencia judicial.
El debate continúa abierto en arenas políticas y jurídicas, con el Poder Legislativo defendiendo la constitucionalidad del decreto y otros sectores adelantan recursos y advertencias sobre posibles efectos negativos en la separación de poderes y la estabilidad institucional en Honduras.
