Dirigente defiende ley agroindustrial y niega afectaciones a campesinos
El debate continúa abierto en distintos espacios sociales y legislativos, en medio de llamados a buscar consensos que permitan equilibrar la seguridad jurídica, la producción agrícola y el acceso equitativo a la tierra en el país.
6 de julio de 2026
Un dirigente del sector campesino se pronunció a favor de la Ley de Protección al Sector Agroindustrial, asegurando que la normativa no perjudica a los productores organizados ni a las comunidades rurales. Sus declaraciones se dan en medio del debate nacional sobre el alcance y los posibles efectos de esta legislación en el acceso a la tierra.
El dirigente campesino Darwin Cálix defendió públicamente la Ley de Protección al Sector Agroindustrial, afirmando que su aplicación no representa una amenaza para los campesinos organizados ni para los pueblos que trabajan la tierra bajo esquemas legales y productivos.
Cálix explicó que la normativa, actualmente en discusión y aplicación dentro del marco legal del país, busca principalmente establecer orden en los procesos relacionados con la propiedad y uso de tierras, especialmente en zonas donde se han registrado conflictos por ocupaciones irregulares. En ese sentido, rechazó que la ley tenga como objetivo despojar a comunidades campesinas o afectar a poblaciones garífunas.
El dirigente sostuvo que el sector campesino que actúa dentro de la legalidad y no participa en invasiones de propiedades productivas no se verá impactado negativamente por la legislación. Además, insistió en que la iniciativa responde a la necesidad de clarificar los mecanismos de acceso a la tierra, señalando que la vía institucional debe ser a través del Instituto Nacional Agrario (INA), mediante procesos de compra y adjudicación en el marco de la reforma agraria.
Asimismo, señaló que una de las prioridades debería ser mejorar la planificación y el registro de beneficiarios de tierras, con el fin de identificar a las familias campesinas que realmente necesitan acceso a parcelas para producción agrícola o vivienda.
Las declaraciones surgen en un contexto de posiciones encontradas entre organizaciones sociales, sectores productivos y actores políticos, donde algunos consideran que la ley protege la inversión agroindustrial, mientras otros advierten posibles impactos en los derechos históricos de comunidades rurales.
El debate continúa abierto en distintos espacios sociales y legislativos, en medio de llamados a buscar consensos que permitan equilibrar la seguridad jurídica, la producción agrícola y el acceso equitativo a la tierra en el país.
