Diputados bajo escrutinio por uso opaco de fondos sociales
La presión pública crece en un momento donde el uso indebido de fondos sociales se ha convertido en uno de los focos principales de atención y crítica hacia el oficialismo.
2 de julio de 2025
El manejo de fondos públicos por parte de los diputados del actual Congreso Nacional de Honduras ha desatado una nueva ola de cuestionamientos, ante la creciente preocupación por la falta de transparencia en la ejecución de proyectos financiados a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Organizaciones de sociedad civil y ciudadanos han exigido una investigación profunda sobre el destino de los millonarios recursos canalizados por los congresistas, supuestamente para obras y ayudas en sus comunidades.
Durante los últimos dos años, se ha incrementado significativamente la transferencia de fondos desde Sedesol hacia iniciativas propuestas por diputados. Estas asignaciones han sido utilizadas para financiar desde ayudas humanitarias hasta pequeños proyectos de infraestructura en zonas rurales. Sin embargo, la ausencia de auditorías independientes y de reportes claros sobre la ejecución de estas obras ha impedido evaluar su impacto real.
Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió que existe una alta discrecionalidad en el manejo de estos recursos. “No hay mecanismos transparentes para priorizar proyectos ni para verificar su ejecución”, afirmó, señalando que esta práctica fomenta el clientelismo político y posibles actos de corrupción.
La situación ha recordado al cuestionado “Fondo Departamental”, un esquema eliminado formalmente pero que, según denuncias, ha sido reemplazado por convenios con Sedesol bajo otras formas administrativas. Aunque algunos diputados han defendido el modelo argumentando que es una forma efectiva de responder a necesidades urgentes, analistas insisten en que, sin supervisión adecuada, estos mecanismos perpetúan la dependencia política en las comunidades y restan recursos a políticas públicas sostenibles.
Frente al creciente malestar, organizaciones civiles han exigido a la Secretaría de Transparencia y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) publicar los detalles de los proyectos financiados, los montos asignados a cada legislador y el estado actual de su ejecución. La presión pública crece en un momento donde el uso indebido de fondos sociales se ha convertido en uno de los focos principales de atención y crítica hacia el oficialismo.
