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La tensión política en Honduras escaló nuevamente este martes después de que un diputado de la bancada del Partido Nacional afirmó que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, debe ser desalojado de su cargo si se rehúsa a dejarlo al término de su mandato constitucional.

Durante una sesión de parlamentarios opositores, el diputado Jorge Zelaya aseguró que las Fuerzas Armadas deben garantizar el respeto a la Constitución tras la reciente declaración oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que reconoció el resultado de las elecciones generales de noviembre de 2025 y la próxima transición de autoridades.

Zelaya sostuvo que la gestión de Redondo, quien encabeza el Legislativo desde 2022, comenzó bajo lo que él calificó como una posición “ilegal” y que las continuas acciones del líder parlamentario pueden implicar responsabilidades legales graves, incluso delitos de traición a la patria, que según el diputado no prescriben.

El legislador dijo que, si Redondo se resiste a abandonar su puesto después del 20 de enero, cuando oficialmente concluye su periodo, las Fuerzas Armadas tendrían que proceder a su retiro con una orden de la Corte Suprema de Justicia o del fiscal general, para permitir el normal funcionamiento del Estado.

La postura de Zelaya se produjo en medio de la aprobación por parte de diputados opositores de una resolución que desconoce el Decreto 58-2025, el cual ordena un recuento total de las actas electorales y que, según ellos, busca obstaculizar la transición democrática. Debido a ello, los parlamentarios califican esa norma como un intento de suplantar la autoridad del CNE y entorpecer la alternancia de poder.

Paralelamente, otros diputados opositores han respaldado la idea de que las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, actúen en estricto apego a la Constitución para asegurar el traspaso pacífico del mando y evitar que decisiones consideradas inconstitucionales sigan afectando la institucionalidad.

Este llamado de parte de la oposición se da en un contexto de polarización política intensa, con denuncias cruzadas sobre legalidad y legitimidad de actos del Congreso, mientras Honduras transita por un periodo clave de transición tras los comicios de noviembre.