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El fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya, anunció este martes que en las próximas horas se revelará un nuevo caso de corrupción que según sus declaraciones “va a estremecer al país”, debido al presunto desfalco de casi 3,000 millones de lempiras al Estado.

Ante este anuncio, el diputado nacionalista Francisco López, representante del departamento de Olancho, acusó al Fiscal General de actuar con motivaciones políticas al enfocarse únicamente en miembros del Partido Nacional. Según López, los requerimientos fiscales deben seguir el procedimiento legal establecido, es decir, presentarse ante la Corte Suprema de Justicia cuando se trata de actuales diputados, y no ventilarse primero en los medios de comunicación.

“El fiscal los hace demasiado mediáticos y a la hora de ir a juicio los casos siempre los pierden”, afirmó el parlamentario, quien consideró que la conducta de Zelaya da la impresión de una “persecución política”. Si bien admitió que podrían haberse cometido delitos, sostuvo que la forma en que se presentan los casos genera la percepción de una “cacería de brujas” dirigida específicamente contra el Partido Nacional.

López también mencionó que en todos los partidos políticos incluyendo el oficialista Libertad y Refundación (Libre) ha habido actos de corrupción, por lo que considera parcial y desequilibrada la actuación del Ministerio Público bajo el mando de Zelaya, quien en más de un año, según él, solo ha dirigido acciones legales contra figuras nacionalistas.

En contraste, el diputado oficialista Nelson Leiva defendió al Fiscal General, destacando que su trabajo fortalece la institucionalidad del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción, sin importar a qué administración o partido pertenezcan los implicados. Leiva insistió en que el combate frontal a la corrupción es esencial para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.

El legislador de Yoro agregó que, si bien en el actual gobierno no se han detectado actos de corrupción, en caso de que se presenten indicios, estos deben ser investigados con el mismo rigor. Además, advirtió que no se debe utilizar el argumento de la persecución política como un escudo para evadir responsabilidades por delitos graves, especialmente aquellos que han afectado la salud pública y han tenido consecuencias mortales.