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Dictan prisión preventiva a exdiputado Víctor Hugo Romero

Un juzgado de letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra el exdiputado Víctor Hugo Romero, tras su participación en una audiencia inicial relacionada con un caso de asesinato.

12 de junio de 2026

En Honduras, los procesos judiciales por delitos graves como asesinato suelen desarrollarse bajo la jurisdicción de juzgados especializados en criminalidad organizada, debido a la complejidad de las investigaciones y la gravedad de los hechos imputados. En esta etapa inicial del proceso penal, los tribunales pueden dictar medidas cautelares como la prisión preventiva mientras continúa la investigación.

 

Este tipo de resoluciones busca asegurar la presencia de los imputados durante el proceso judicial, evitar riesgos de fuga y garantizar el desarrollo normal de las audiencias preliminares y el eventual juicio.

 

Un juzgado de letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra el exdiputado Víctor Hugo Romero, tras su participación en una audiencia inicial relacionada con un caso de asesinato.

 

La resolución judicial también alcanza a otras personas vinculadas al mismo expediente, quienes deberán permanecer recluidas mientras avanza el proceso investigativo y se preparan las siguientes etapas del juicio.

 

De acuerdo con la determinación del tribunal, los imputados son señalados por su presunta participación en hechos violentos que derivaron en la muerte de un ciudadano, así como por la posible vinculación con otros delitos asociados, según el expediente presentado por el Ministerio Público.

 

Las autoridades judiciales ordenaron que los acusados sean trasladados a un centro penitenciario del país, donde permanecerán bajo la medida cautelar mientras se desarrolla la audiencia preliminar, programada para los próximos meses.

 

El caso continúa en fase de investigación judicial, en la que la Fiscalía deberá presentar elementos adicionales que sustenten la acusación formal, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertir las pruebas ante el tribunal competente.

 

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento adicional por parte de los representantes legales del exdiputado sobre la decisión judicial.

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