Deuda de L150 millones amenaza tarifa del transporte urbano
El dirigente del sector, Jorge Lanza, advirtió que la deuda estatal ronda los 150 millones de lempiras y que, si no se realizan los desembolsos pendientes, los transportistas podrían verse obligados a solicitar un incremento en el precio del pasaje.
2 de noviembre de 2026
El retraso del Gobierno en el pago de los subsidios al transporte urbano mantiene en incertidumbre la continuidad de la tarifa de 13 lempiras para los buses rapiditos en Honduras.
El dirigente del sector, Jorge Lanza, advirtió que la deuda estatal ronda los 150 millones de lempiras y que, si no se realizan los desembolsos pendientes, los transportistas podrían verse obligados a solicitar un incremento en el precio del pasaje.
El subsidio o bono compensatorio es un mecanismo mediante el cual el Estado aporta recursos a los operadores del transporte para evitar que los incrementos en los costos de funcionamiento se trasladen directamente a los pasajeros.
Este apoyo ha permitido mantener estable la tarifa del servicio urbano, pese al encarecimiento de los combustibles, repuestos y otros gastos relacionados con la operación de las unidades.
Lanza explicó que los empresarios del transporte acumulan tres meses sin recibir los recursos correspondientes y están próximos a completar un cuarto mes de espera. Esta situación ha comenzado a generar dificultades para cumplir compromisos financieros con las instituciones bancarias y atender las necesidades operativas del servicio.
Según el dirigente, el monto pendiente a nivel nacional se estima en aproximadamente 150 millones de lempiras, cantidad que permitiría cubrir parte de las obligaciones acumuladas por el Estado con los transportistas.
El representante señaló que el aporte gubernamental ha sido fundamental para conservar el pasaje en 13 lempiras, evitando que los usuarios tengan que pagar hasta 16 lempiras por utilizar los buses rapiditos.
Aunque reconoció las dificultades económicas que enfrentan las familias hondureñas, sostuvo que los empresarios también deben responder por sus obligaciones financieras y garantizar el funcionamiento de las unidades, por lo que necesitan recibir los fondos comprometidos.
La falta de estos desembolsos también limita la capacidad de los operadores para desarrollar proyectos y atender los gastos que requiere la prestación del servicio, en un escenario marcado por el incremento de los costos de operación.
El dirigente insistió en que la intención del sector es evitar un nuevo golpe al bolsillo de los pasajeros, pero advirtió que mantener la tarifa actual depende del cumplimiento de los compromisos económicos asumidos por las autoridades.
Por ello, los transportistas esperan que el Gobierno agilice los pagos pendientes y establezca una respuesta que permita normalizar la relación financiera con el rubro.
