Detectan presuntas irregularidades por L1,131 millones
Los señalamientos forman parte del proceso de revisión y cierre de varias dependencias estatales, una medida que, según la Comisión, busca reducir el gasto administrativo y liberar recursos del presupuesto público para destinarlos a sectores prioritarios.
30 de octubre de 2026
La Comisión Técnica Liquidadora presentó ante el Ministerio Público 10 líneas de investigación relacionadas con presuntas irregularidades financieras en seis instituciones de la administración anterior, cuyo posible perjuicio económico asciende a 1,131 millones de lempiras. Las autoridades advirtieron que la cifra podría incrementarse conforme avance el análisis de la documentación.
Los señalamientos forman parte del proceso de revisión y cierre de varias dependencias estatales, una medida que, según la Comisión, busca reducir el gasto administrativo y liberar recursos del presupuesto público para destinarlos a sectores prioritarios.
El proceso de supresión institucional registra un avance del 90 por ciento. Los expedientes también fueron remitidos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entidad que deberá desarrollar las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias.
Durante una conferencia de prensa realizada en Casa Presidencial, el comisionado coordinador, Ángel Mendoza, expuso algunos de los hallazgos detectados durante las revisiones administrativas y financieras de las instituciones involucradas.
Entre las irregularidades señaladas figuran transferencias superiores a 230 millones de lempiras vinculadas con cajas rurales de ahorro y crédito, cuyas liquidaciones presentan inconsistencias documentales. También se reportó la adquisición de más de 10 mil bienes por parte de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), sin que existan actas que acrediten su entrega.
Otro de los puntos bajo investigación corresponde a 110 contratos de obras que, de acuerdo con la Comisión, fueron cancelados anticipadamente en su totalidad, sin que hasta ahora se haya establecido la ejecución efectiva de todos los proyectos.
A estos casos se suman transferencias cercanas a los 60 millones de lempiras destinadas a una organización no gubernamental cuya dirección registrada presentaba inconsistencias. Asimismo, se identificaron diferencias entre las cifras oficiales de migrantes retornados y los beneficiarios reportados por un programa de asistencia.
Por su parte, el comisionado Mario Celín Simón explicó que las seis instituciones examinadas administraron aproximadamente 27 mil millones de lempiras durante los cuatro años anteriores. Según indicó, el cierre de estas dependencias permitirá disminuir los costos operativos del Estado y reorientar recursos hacia áreas como salud, educación, infraestructura y seguridad.
Sin embargo, durante la comparecencia no se presentó una cifra definitiva sobre el ahorro que generará la eliminación de las estructuras institucionales.
En cuanto al proceso de liquidación, Mendoza informó que tres instituciones concluyeron su cierre durante octubre. Convivienda tiene previsto finalizar sus operaciones a mediados de noviembre, mientras que Sedecoas, Red Solidaria y Proasol continuarían con sus procedimientos hasta el 31 de diciembre, debido a compromisos relacionados con financiamiento externo.
La Comisión también aseguró que mantiene la atención de pagos pendientes a exempleados y proveedores, siempre que presenten los documentos necesarios para acreditar sus obligaciones.
Finalmente, los representantes del organismo señalaron que será responsabilidad del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas profundizar en los expedientes y determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los hallazgos.
