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Las Asociaciones de Pacientes de Honduras, con el respaldo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentaron una denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para solicitar una investigación sobre los contratos y pagos del personal médico del sistema público de salud.

La acción surge en medio de la suspensión de las consultas externas, una situación que ha dejado miles de atenciones médicas sin realizar desde el pasado 7 de septiembre.

La crisis se desarrolla en medio de un conflicto entre el gremio médico y las autoridades, que ha mantenido reducidos los servicios de consulta externa en hospitales y centros de salud públicos durante casi seis semanas, con atención concentrada en emergencias. Según las cifras oficiales citadas en la denuncia, a nivel nacional se han cancelado 27,303 consultas.

Solo en el Hospital Escuela se reportan más de 21,000 consultas y servicios suspendidos, cerca de 3,000 cirugías postergadas y una reducción de entre el 50 % y el 60 % en las intervenciones electivas.

La denuncia fue presentada con el acompañamiento del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), de la ASJ, y plantea la necesidad de revisar el manejo de los recursos públicos destinados a la contratación y remuneración del personal sanitario.

Las organizaciones buscan determinar si los pagos realizados durante el ejercicio fiscal 2026 cuentan con el respaldo contractual y presupuestario correspondiente, así como verificar que los servicios remunerados se hayan prestado efectivamente.

La solicitud contempla una auditoría especial a la Secretaría de Salud (SESAL), al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y a la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Entre los aspectos que se pide examinar figuran posibles contrataciones sin respaldo presupuestario y casos de personal que habría recibido su salario sin cumplir con las labores correspondientes.

Asimismo, las asociaciones solicitan identificar a los funcionarios que pudieran haber autorizado contrataciones o desembolsos irregulares. En caso de encontrar responsabilidades, piden que se apliquen las medidas administrativas correspondientes y que, si existen indicios de faltas civiles o delitos, los expedientes sean remitidos a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público.

Blanca Munguía, directora del sector salud de la ASJ, expresó su preocupación por las consecuencias de la suspensión de servicios en las familias hondureñas, especialmente en aquellas que viven en condiciones de pobreza. La representante advirtió que la falta de atención médica afecta directamente a los pacientes y aumenta los riesgos para quienes necesitan consultas y tratamientos oportunos.

Por su parte, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional ha advertido sobre el incremento de la demanda en los servicios privados de salud durante las semanas de interrupción. Esta alternativa representa una dificultad para los sectores de menores ingresos, que no siempre tienen la capacidad económica para cubrir los costos de consultas, exámenes y procedimientos particulares.

Ante este panorama, la ASJ y las Asociaciones de Pacientes hicieron un llamado al Colegio Médico, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Finanzas y a la Presidencia de la República para retomar el diálogo y alcanzar una solución al conflicto. Las organizaciones consideran necesario atender las demandas del personal sanitario sin prolongar las afectaciones a quienes dependen de los servicios públicos.

Finalmente, solicitaron que se garantice la atención médica mientras continúan las negociaciones y que se reprogramen las citas suspendidas. También insistieron en que las autoridades deben priorizar la salud de la población y evitar que los sectores más vulnerables continúen soportando las consecuencias de la crisis.