NACIONALES

Ante el aumento de riesgos contra quienes protegen los recursos naturales y realizan labores de vigilancia ambiental, se reforzó la divulgación de los canales oficiales para interponer denuncias en el país, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y a la protección institucional.

La campaña informativa se desarrolla en el marco del trabajo impulsado por la Asociación para una Sociedad más Justa a través de la iniciativa Guardianes silenciados, que promueve la seguridad de líderes comunitarios, defensores del territorio y activistas vinculados a la protección de ecosistemas.

Las alertas sobre amenazas o agresiones pueden ser presentadas en tres instancias del sistema público: el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Ministerio Público de Honduras y la Dirección Policial de Investigaciones de Honduras, que cumplen funciones complementarias dentro del esquema nacional de seguridad y justicia.

El CONADEH actúa como receptor de quejas por posibles violaciones a derechos humanos y tiene la facultad de evaluar el nivel de riesgo de la persona denunciante.

Si el caso amerita atención especializada, puede ser trasladado a las estructuras del sistema nacional de protección para estudiar la adopción de medidas cautelares, resguardo temporal o acompañamiento institucional.

En el ámbito penal, el Ministerio Público es la autoridad responsable de investigar conductas que puedan constituir delitos. Entre los hechos que pueden denunciarse se incluyen intimidaciones, persecución, daños a la propiedad, ataques físicos o cualquier acción que ponga en peligro la integridad de las personas defensoras del ambiente.

Las denuncias pueden presentarse de forma escrita o presencial en las sedes fiscales o en postas policiales, las cuales tienen el deber de trasladar los reportes al ente acusador.

Una vez admitida la denuncia, se abre un expediente investigativo y se designa la fiscalía correspondiente para dirigir las diligencias.

La Dirección Policial de Investigaciones, como órgano técnico, colabora en la recolección de evidencia, entrevistas a testigos, análisis de escenas y otras tareas operativas.

Toda la información obtenida debe ser remitida al Ministerio Público, que decide si existen elementos para formular una acusación formal ante los tribunales.

Las autoridades reiteraron que el servicio de recepción de denuncias es gratuito y debe ser brindado sin discriminación.

Cualquier persona que interponga una queja tiene derecho a solicitar reserva de su identidad, recibir un número de expediente y dar seguimiento al proceso investigativo.

Organizaciones de sociedad civil han señalado que la violencia contra defensores ambientales representa un desafío para la gobernanza y la gestión sostenible de los territorios, especialmente en zonas donde existen conflictos por el uso de la tierra, explotación de recursos naturales o proyectos de desarrollo.

El fortalecimiento de los mecanismos de denuncia busca reducir la impunidad y generar confianza en las instituciones del Estado, promoviendo un entorno más seguro para quienes realizan actividades de defensa del ambiente y de los derechos colectivos en diferentes regiones del país.