Defensa de JOH pedirá cierre definitivo del caso
La petición será planteada por sus abogados como parte de la estrategia para cerrar de manera definitiva la causa, en la que se investiga el supuesto movimiento irregular de recursos durante el período en que Hernández estuvo al frente del Gobierno.
18 de agosto de 2026
La defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández anunció que solicitará el sobreseimiento definitivo dentro del proceso judicial que se le sigue en Honduras por presuntos delitos relacionados con fraude y lavado de activos.
La petición será planteada por sus abogados como parte de la estrategia para cerrar de manera definitiva la causa, en la que se investiga el supuesto movimiento irregular de recursos durante el período en que Hernández estuvo al frente del Gobierno.
El expediente está relacionado con una investigación del Ministerio Público sobre un presunto desembolso irregular de aproximadamente 10.8 millones de dólares, ocurrido entre 2010 y 2013. Ese período corresponde a los años en que Hernández ocupaba la presidencia del Congreso Nacional.
La investigación también involucra señalamientos sobre el manejo y destino de fondos públicos, por lo que la Fiscalía ha planteado posibles responsabilidades penales vinculadas con fraude y lavado de activos.
Los abogados de Hernández consideran que existen elementos jurídicos para solicitar que el caso sea terminado mediante un sobreseimiento definitivo. Con esta figura, la defensa pretende que el proceso no continúe y que se produzca el cierre judicial de las acusaciones que permanecen en Honduras.
La solicitud deberá ser analizada por las autoridades judiciales correspondientes, que tendrán que determinar si se cumplen los requisitos establecidos por la legislación para adoptar una decisión de esa naturaleza.
La estrategia de la defensa ocurre mientras el exmandatario enfrenta un escenario judicial particularmente complejo, debido a que su situación legal en Honduras se desarrolla de manera independiente de los procesos que anteriormente enfrentó en Estados Unidos.
El expediente hondureño se centra en operaciones financieras que, según la investigación, habrían presentado irregularidades. El monto bajo análisis supera los 10 millones de dólares, una cifra que convirtió el caso en uno de los procesos de alto impacto relacionados con el manejo de recursos públicos durante administraciones anteriores.
La defensa, por su parte, busca que el proceso concluya sin llegar a una nueva etapa de juicio, argumentando las razones legales que serán expuestas ante el órgano jurisdiccional.
Mientras se conoce la respuesta de los tribunales, el caso continuará generando atención debido a que involucra a un expresidente de la República y cuestionamientos sobre el manejo de recursos durante su etapa como funcionario público.
