Declaran culpables a exalcalde y exvicealcalde por otorgar ilegalmente represa Agua Zarca
Según la acusación, los exfuncionarios violaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Honduras en 1995 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al no realizar una consulta libre, previa e informada a las comunidades.
1 de julio de 2025
El Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, declaró culpables por el delito de abuso de autoridad al exalcalde de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda, y al exvicealcalde Plutarco Mejía Cardona, por haber otorgado ilegalmente en 2010 el permiso de construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sin realizar la consulta previa con las comunidades indígenas afectadas, como lo establecen las leyes nacionales e internacionales.
El proyecto, construido sobre el río Gualcarque en territorio de la etnia lenca, fue ampliamente rechazado por las comunidades locales y por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), liderado por la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016 tras años de amenazas y represión por su activismo.
Según la acusación, los exfuncionarios violaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Honduras en 1995 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al no realizar una consulta libre, previa e informada a las comunidades. El fallo del tribunal fue unánime, y la sentencia contra Pineda se conocerá el próximo 4 de agosto.
Este juicio forma parte del proceso denominado “Fraude sobre el Gualcarque”, donde Raúl Pineda ya había sido condenado previamente en 2024 por falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones relacionadas con el mismo proyecto hidroeléctrico.
Tras conocerse el fallo, el COPINH emitió un comunicado en el que celebró la resolución como un paso importante en la lucha por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y reiteró que el proyecto Agua Zarca fue impuesto “con violencia y sin consentimiento de las comunidades”. Dunia Sanches, vocera del COPINH, afirmó que esta decisión refuerza la exigencia de aplicar el derecho a la consulta y de sancionar a los funcionarios que violen los derechos colectivos.
El proyecto Agua Zarca simboliza una década de conflicto entre intereses empresariales, autoridades estatales y comunidades indígenas. La oposición liderada por Berta Cáceres logró visibilizar internacionalmente las amenazas que enfrentan los defensores del territorio y el medio ambiente en Honduras.
El COPINH reafirmó su compromiso con la justicia, la memoria y la defensa del territorio ancestral, y exigió que todos los involucrados en la imposición del proyecto sean sancionados, garantizando el respeto a los derechos colectivos del pueblo lenca.
