NACIONALES

Las altas esferas de la Dirección Policial Antimaras y Contra la Extorsión (DAET) reconocieron el duro impacto que representa para su credibilidad la reciente aprehensión de miembros activos de su propia institución, advirtiendo categóricamente que se mantendrán firmes contra cualquier conducta al margen de la ley.

El suceso se desencadena en un momento crítico donde los cuerpos de seguridad del Estado enfrentan una creciente presión social por garantizar la transparencia institucional.

La vinculación de personal uniformado en faltas graves y delitos del orden común pone a prueba los mecanismos internos de fiscalización, obligando a los mandos superiores a adoptar posturas drásticas de cooperación con los operadores de justicia para evitar la impunidad y rescatar la confianza ciudadana.

Daniel Molina, vocero de la institución admitió sin ambigüedades que la caída de sus elementos constituye un golpe moral y operativo considerable para las unidades tácticas; sin embargo, recalcaron que estas acciones drásticas reflejan una firme política de cero tolerancia hacia la corrupción.

Asimismo, se enfatizó con vehemencia que la institución bajo ninguna circunstancia encubrirá conductas irregulares, sin importar el rango, la trayectoria o la antigüedad que posean los funcionarios involucrados en el ilícito.

Como parte de los protocolos inmediatos tras el operativo, las autoridades confirmaron la plena disposición de colaborar con la justicia, facilitando todos los indicios, bitácoras, expedientes y requerimientos solicitados por el Ministerio Público para esclarecer los hechos en el ámbito penal.

Se reiteró que la depuración debe ser un proceso continuo y transparente, indispensable para sanear las filas y garantizar que los uniformados actúen estrictamente bajo el marco de la legalidad y el respeto a los derechos ciudadanos.

Paralelamente a las investigaciones judiciales, la superioridad anunció la reestructuración y el reforzamiento de los filtros internos de confiabilidad, pruebas de confianza y supervisión aleatoria. Estas medidas buscan prevenir filtraciones, actos deshonestos y cualquier desviación de poder que vulnere las operaciones estratégicas orientadas a desarticular estructuras delictivas y combatir los delitos de extorsión a escala nacional.