Cuestionan gasto de L2.2 millones en libros
Entre los materiales impresos destacan dos poemarios con temática lésbica, así como otros títulos relacionados con posturas políticas e históricas vinculadas al contexto nacional reciente, lo que ha abierto el debate sobre el uso de fondos públicos en este tipo de publicaciones.

1 de abril de 2026
Una inversión de al menos 2.2 millones de lempiras en la impresión de libros durante 2025 ha generado polémica en Honduras, luego de que autoridades señalaran que varias de las publicaciones contenían contenido sexual y enfoque ideológico.
El caso se vincula a la gestión anterior de la Secretaría de las Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph), donde se habrían aprobado proyectos editoriales sin criterios técnicos claros ni procesos ampliamente transparentes, según señalamientos oficiales.
Entre los materiales impresos destacan dos poemarios con temática lésbica, así como otros títulos relacionados con posturas políticas e históricas vinculadas al contexto nacional reciente, lo que ha abierto el debate sobre el uso de fondos públicos en este tipo de publicaciones.
De acuerdo con información oficial, los libros fueron elaborados durante la administración pasada, generando cuestionamientos por la selección de contenidos y el propósito educativo o cultural de los mismos.
Autoridades actuales indicaron que, ante la controversia, algunos de estos textos serán retirados de circulación, mientras se revisan los procesos mediante los cuales fueron autorizados y financiados.
Asimismo, se ha señalado que las decisiones editoriales habrían sido tomadas de forma directa por la entonces titular de Cultura, Anarella Vélez Osejo, lo que ha provocado críticas por la ausencia de instancias técnicas o colegiadas que evaluaran los proyectos antes de su ejecución.
El tema ha intensificado el debate público sobre el manejo de recursos en el sector cultural, así como sobre los criterios que deben regir la producción de materiales financiados por el Estado.
Mientras tanto, sectores políticos y sociales continúan reaccionando ante el caso, exigiendo mayor transparencia en el uso de fondos y claridad en las políticas culturales impulsadas desde el gobierno.










