Cuestionan contrato policial de L112 millones
La compra estaba destinada a dotar a la Policía Nacional de diferentes prendas y equipos de uso institucional, incluyendo elementos como pantalones tácticos, camisas, gorras, distintivos y otros accesorios requeridos para los agentes.
6 de julio de 2026
Una adjudicación para la compra de uniformes de la Policía Nacional quedó bajo escrutinio luego de señalamientos sobre la empresa que habría recibido el contrato durante la gestión del exministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.
La polémica surge tras una investigación que señala que un negocio dedicado públicamente a la venta de ropa usada habría sido seleccionado para suministrar uniformes y accesorios policiales por un monto aproximado de 112.5 millones de lempiras, generando dudas sobre su capacidad operativa y el proceso de contratación.
La compra estaba destinada a dotar a la Policía Nacional de diferentes prendas y equipos de uso institucional, incluyendo elementos como pantalones tácticos, camisas, gorras, distintivos y otros accesorios requeridos para los agentes. El proceso de licitación fue desarrollado durante la administración de Gustavo Sánchez al frente de la Secretaría de Seguridad.
De acuerdo con los señalamientos divulgados, la adjudicación se convirtió en motivo de cuestionamientos debido a que la empresa beneficiada no es conocida públicamente como fabricante de uniformes policiales, sino como un establecimiento comercial enfocado en artículos de segunda mano.
La investigación periodística indica que varias empresas participaron en el proceso de contratación, pero una de las ofertas con menor costo fue descartada por observaciones relacionadas con documentación, presentación de muestras y condiciones establecidas en el proceso de licitación. Posteriormente, la empresa adjudicada quedó como la propuesta habilitada con menor valor entre las participantes restantes.
Otro de los puntos que generó cuestionamientos está relacionado con los requisitos financieros exigidos en la licitación. Según la información difundida, los participantes debían demostrar disponibilidad económica o respaldo financiero equivalente a una parte importante del monto ofertado, requisito que fue objeto de análisis dentro del proceso.
Durante una visita al establecimiento señalado en la investigación, se reportó que el local operaba como una tienda de ropa americana usada y que no se observaron públicamente instalaciones de fabricación, maquinaria industrial o áreas visibles de producción de uniformes policiales. No obstante, la investigación aclara que esta situación no confirma por sí sola la inexistencia de proveedores o alianzas externas para cumplir con el contrato.
Hasta ahora, los cuestionamientos se concentran en la transparencia del proceso, la capacidad técnica de la empresa contratada y los mecanismos utilizados para evaluar las ofertas presentadas.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos públicos destinados al equipamiento de instituciones de seguridad, mientras sectores de la sociedad demandan mayor claridad sobre las contrataciones estatales y la supervisión de los recursos asignados.
Las autoridades y representantes de la empresa señalada han sido buscados para conocer su versión sobre la adjudicación, la capacidad para ejecutar el contrato y los detalles del suministro requerido.
