CSJ invalida 180 nombramientos y ordena revisión interna
El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras decidió anular cerca de 180 nombramientos realizados en febrero durante la gestión de la expresidenta Rebeca Ráquel Obando, en una resolución que marca un giro en la administración del Poder Judicial.
14 de abril de 2026
El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras decidió anular cerca de 180 nombramientos realizados en febrero durante la gestión de la expresidenta Rebeca Ráquel Obando, en una resolución que marca un giro en la administración del Poder Judicial.
La medida fue aprobada por mayoría de magistrados tras someterse a votación, luego de analizar un informe elaborado por una comisión interna que recomendó dejar sin efecto dichos acuerdos.
La decisión se produce en medio de cuestionamientos sobre varios movimientos administrativos ejecutados durante la anterior presidencia de la CSJ, incluyendo nombramientos, traslados y cambios internos en distintas dependencias judiciales.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras es el órgano de mayor jerarquía del Poder Judicial, responsable de la administración y dirección de los tribunales en el país, por lo que sus decisiones tienen impacto directo en la estructura institucional.
Además, la resolución llega tras la renuncia de Rebeca Ráquel Obando a la presidencia del Poder Judicial, en un contexto de tensiones y revisiones internas dentro de la institución.
De acuerdo con lo expuesto por magistrados, la anulación de los nombramientos responde a una decisión administrativa y no necesariamente implica, por ahora, la confirmación de irregularidades, sino una revisión de los procedimientos utilizados.
Asimismo, el pleno autorizó al actual titular del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, a realizar contrataciones de carácter interino para garantizar el funcionamiento de los tribunales mientras se redefine la situación del personal afectado.
Como parte de las medidas, se prevé la convocatoria a concursos internos bajo criterios de meritocracia, con el fin de regularizar las plazas y permitir que los aspirantes compitan en igualdad de condiciones por los cargos disponibles.
La decisión abre un nuevo capítulo en la reorganización del Poder Judicial, en medio de un debate nacional sobre transparencia, estabilidad institucional y respeto a los procesos dentro de la administración de justicia.
