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El deterioro financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continúa representando uno de los principales desafíos para las finanzas públicas de Honduras durante 2026. Pese a los recursos destinados durante los últimos años para mejorar la distribución y reducir las pérdidas, la estatal todavía enfrenta un elevado déficit operativo asociado tanto a fallas en la infraestructura como al robo y uso irregular de la electricidad.

En un informe presentado en la sede de la Asociación para una Sociedad más Justa revela que durante los primeros siete meses del año, los ingresos obtenidos por la comercialización de energía habrían permitido cubrir aproximadamente el 65 % de los costos y obligaciones operativas, dejando una brecha cercana al 35 %.

De acuerdo con el análisis presentado, ese desequilibrio representa más de 11,000 millones de lempiras, una diferencia que debe ser cubierta mediante mecanismos de financiamiento y transferencias provenientes del Estado.

El problema trasciende las cuentas de la ENEE, debido a que la necesidad recurrente de recursos públicos reduce el margen fiscal disponible para otras prioridades nacionales. Salud, educación, infraestructura y programas sociales compiten por fondos dentro de un presupuesto que también debe atender las necesidades del sistema eléctrico.

A criterio de los analistas la situación se ha prolongado pese a diferentes estrategias aplicadas durante la última década. Entre ellas figuran esquemas de administración externa, inversiones en infraestructura y, más recientemente, el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, concebido para disminuir uno de los principales factores que afectan las finanzas de la empresa estatal.

Sin embargo, los resultados todavía no han sido suficientes para cerrar la brecha entre la energía adquirida o generada y aquella que finalmente llega a convertirse en ingresos mediante la facturación.

Las pérdidas del sistema representan más de un tercio de la energía que ingresa a las redes, según las cifras citadas en el análisis.

Una parte corresponde a pérdidas no técnicas, vinculadas con conexiones clandestinas, manipulación de medidores, alteraciones en el consumo y otras modalidades de defraudación. Este componente representaría alrededor del 23.6 % de la energía inyectada al sistema.

A ello se suma un importante rezago administrativo. Entre los problemas identificados se encuentran cientos de miles de solicitudes relacionadas con instalación, revisión o regularización de medidores que no han recibido una respuesta oportuna.

El resultado es doble: la empresa asume el costo de la energía que compra o produce, pero no necesariamente consigue cobrarla.

El segundo componente está relacionado con las pérdidas técnicas, estimadas en alrededor del 10 %. En este caso, la energía se pierde debido a las condiciones de la infraestructura, sobrecargas, deterioro de las redes y limitaciones de capacidad.

Además del impacto financiero, estas deficiencias tienen consecuencias directas para los usuarios. Las redes sobrecargadas o deterioradas incrementan la posibilidad de interrupciones y dificultan la prestación de un servicio eléctrico estable.

La concentración del problema también representa una oportunidad para focalizar las inversiones. De acuerdo con el análisis, aproximadamente dos docenas de circuitos ubicados principalmente en zonas del Valle de Sula y sectores del sur y oriente del país concentran cerca de una tercera parte de las pérdidas registradas.

El comportamiento de las pérdidas evidencia que el problema no se resuelve únicamente con inyectar más recursos al sistema. Honduras ha destinado importantes cantidades de dinero a programas destinados a mejorar la distribución, mientras que distintas administraciones han recurrido a modelos de gestión diferentes.

No obstante, la persistencia del déficit plantea dudas sobre la efectividad de las estrategias aplicadas y sobre la capacidad institucional para garantizar que las inversiones produzcan resultados medibles.

El desafío, según especialistas citados en el análisis, consiste en establecer una política de largo plazo que no dependa de los cambios de administración y que permita evaluar cada inversión de acuerdo con su capacidad para recuperar ingresos y reducir las pérdidas.

Entre las alternativas planteadas figura concentrar los esfuerzos inicialmente en los circuitos donde se registra la mayor cantidad de energía perdida. Una intervención focalizada permitiría buscar resultados financieros más rápidos y facilitaría la medición del impacto de las inversiones.

También se considera fundamental avanzar hacia una medición efectiva de todos los usuarios, reducir la dependencia de consumos estimados y agilizar la instalación de nuevos medidores. Esto permitiría mejorar la facturación y, al mismo tiempo, identificar irregularidades con mayor precisión.

Otro punto clave es el fortalecimiento de las acciones contra la defraudación de energía. Para ello se requiere una aplicación efectiva de las sanciones y una mayor coordinación entre las instituciones responsables de investigar y procesar este tipo de delitos.

La crisis financiera de la ENEE constituye, por tanto, un problema que combina deficiencias técnicas, pérdidas comerciales, problemas administrativos y decisiones de gestión acumuladas durante años.

Mientras la empresa continúe gastando considerablemente más de lo que logra recuperar mediante sus ventas, el Estado seguirá enfrentando la presión de financiar el desequilibrio.