Crece presión externa y no descartan nuevas sanciones por crisis electoral
Este escenario se agrava con las denuncias de las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, quienes aseguran ser objeto de persecución política y de maniobras administrativas destinadas a frenar la declaratoria oficial de los resultados.
23 de diciembre de 2025
Las advertencias de la comunidad internacional hacia Honduras se han intensificado en medio de la crisis postelectoral, con señales claras de que podrían aplicarse más sanciones si persisten acciones consideradas lesivas para el proceso democrático. Así lo advirtió el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, al referirse a la postura asumida por actores como Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros observadores internacionales.
Hernández señaló que existe una preocupación creciente por medidas y conductas que, a juicio de la comunidad internacional, estarían dificultando la confirmación de la voluntad popular expresada en las urnas durante las elecciones generales del 30 de noviembre. Según explicó, el mensaje externo ha sido consistente en exigir respeto al proceso democrático y rechazo a cualquier forma de interferencia.
De acuerdo con el director de ASJ, los pronunciamientos internacionales reflejan una posición firme frente al actual clima de alta tensión política que rodea el proceso electoral hondureño. “La advertencia es clara: no habrá indiferencia ante acciones que pongan en riesgo la democracia”, subrayó, al tiempo que recordó que este tipo de alertas suelen ir acompañadas de medidas concretas.
En ese sentido, Hernández consideró posible que continúen las sanciones individuales, incluyendo la revocación de visas, como respuesta a comportamientos que sean interpretados como contrarios al orden democrático. Aclaró que este tipo de acciones no dependen únicamente de Estados Unidos, ya que otros actores internacionales también cuentan con instrumentos similares.
El analista destacó que tanto la Unión Europea como el Reino Unido poseen mecanismos legales para restringir el ingreso a sus territorios a personas señaladas por atentar contra los derechos humanos o debilitar sistemas democráticos, lo que amplía el abanico de posibles repercusiones internacionales.
La tensión se incrementó luego de que Estados Unidos revocara los visados a figuras clave del oficialismo, entre ellas el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Washington justificó estas medidas al acusarlos de obstaculizar el recuento de votos y de afectar el normal desarrollo del proceso electoral.
Este escenario se agrava con las denuncias de las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, quienes aseguran ser objeto de persecución política y de maniobras administrativas destinadas a frenar la declaratoria oficial de los resultados. Paralelamente, el escrutinio especial de 2,792 actas con inconsistencias avanza con marcada lentitud en las instalaciones del Infop, en un ambiente descrito como hostil y plagado de acusaciones de sabotaje.
Ante este panorama, la OEA y otros observadores internacionales mantienen una vigilancia constante sobre el actuar del CNE, advirtiendo que el respeto al calendario constitucional y la transparencia en el conteo son elementos clave para evitar una crisis de legitimidad que comprometa la estabilidad democrática de Honduras.
