Crece la tensión: periodistas e iglesias denuncian campaña de hostigamiento
Según el gremio, se trata de una acción deliberada de intimidación atribuida al autodenominado “Movimiento Popular Hondureño”, pero con señalamientos directos hacia el partido Libertad y Refundación (Libre).

13 de agosto de 2025
En las últimas semanas, el clima de confrontación en Honduras ha escalado hacia un nuevo escenario: periodistas y líderes religiosos aseguran estar siendo objeto de amenazas, insultos y campañas de desprestigio por parte de sectores vinculados al oficialismo. Las denuncias surgen luego de que iglesias Católica y Evangélica convocaran a una caminata de oración y tras la cobertura mediática de asuntos que incomodan al Gobierno.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) alertó sobre un episodio reciente en el que un rótulo colocado en Tegucigalpa mostraba imágenes de comunicadores acompañadas de mensajes ofensivos. Según el gremio, se trata de una acción deliberada de intimidación atribuida al autodenominado “Movimiento Popular Hondureño”, pero con señalamientos directos hacia el partido Libertad y Refundación (Libre). Por su parte, grupos afines al mismo movimiento colgaron pancartas acusando a líderes religiosos de “traficar con la fe”, en aparente rechazo a la marcha convocada para el 16 de agosto.
Organismos como OACNUDH, Defensores de Honduras y C-Libre han expresado preocupación por el deterioro de la libertad de prensa y de culto en el país. Reportes recientes documentan casi 200 agresiones contra empresas de comunicación en los últimos 18 meses, además de una creciente estigmatización en redes sociales. Estas organizaciones advierten que el patrón de ataques amenaza el debate democrático y profundiza la polarización social.
A pesar de las hostilidades, líderes como el pastor Mario Banegas y el sacerdote Juan Ángel López confirmaron que la caminata pacífica se realizará como estaba prevista. Ambos coincidieron en que las agresiones no los amedrentarán y que responderán con oración y unidad. El llamado conjunto de periodistas y religiosos es claro: el Estado debe condenar y frenar estos actos para salvaguardar derechos fundamentales y garantizar un ambiente de respeto y convivencia.










