NACIONALES

El caso de presuntas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ha generado un intenso debate público sobre la credibilidad del sistema de justicia en Honduras, luego de que sectores críticos aseguraran que el tratamiento del expediente evidencia una aplicación desigual de la ley y proyecta una imagen de indulgencia selectiva que podría debilitar la confianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción.

La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, ha sido una de las voces más destacadas en este debate. Castellanos ha cuestionado la velocidad y criterios con que el Ministerio Público maneja casos de alto perfil, señalando que algunos expedientes vinculados a miembros del partido oficialista han permanecido estancados, mientras que otros relacionados con figuras ajenas a ese entorno político han avanzado más rápidamente.

El escándalo conocido como “cheques de SEDESOL” que involucra a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo y al exministro José Carlos Cardona, en un video filtrado donde se vinculan fondos públicos con actividades políticas ha sido central en la discusión.

Aunque el fiscal general, Johel Zelaya, ha insistido en que el Ministerio Público actúa con independencia y sin distinción de afiliación política, los críticos sostienen que la percepción de desigualdad en la persecución de casos puede socavar la fe ciudadana en la justicia.

Desde mediados de 2025, diversas voces dentro y fuera del ámbito político han cuestionado la gestión de la Fiscalía y otros órganos de control.

Algunos señalan que la renuncia del exministro de SEDESOL fue una maniobra calculada para contener el daño político, más que una respuesta firme a las acusaciones de corrupción.

Esta interpretación enfatiza que cambios de cargos y declaraciones formales no son suficientes para demostrar un compromiso real con la rendición de cuentas.

Organizaciones ciudadanas y analistas han señalado que este episodio contribuye a una erosión más amplia de la confianza pública en las instituciones, especialmente en un contexto donde múltiples escándalos de uso indebido de fondos públicos han captado la atención mediática y ciudadana.

Más allá de SEDESOL, investigaciones periodísticas han sugerido que prácticas similares de manejo discrecional de recursos estatales también están presentes en otras dependencias e incluso en fondos y proyectos relacionados con legisladores y organizaciones vinculadas políticamente.

La percepción de justicia “a la medida” no solo se circunscribe a un solo caso, sino que forma parte de un debate más amplio acerca de cómo opera el sistema judicial en un país con una historia de escándalos y cuestionamientos a su imparcialidad.

Para expertos en transparencia y anticorrupción, la forma en que se aborden estos casos será determinante para restituir o seguir erosionando la confianza de la población en la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos sin interferencias políticas.

Mientras tanto, diversos sectores sociales han exigido que las investigaciones por presunto desvío de fondos públicos continúen con rigor y profundidad, y que los responsables respondan ante los tribunales si se comprueba su implicación. La exigencia de investigación exhaustiva y sanciones proporcionales busca, según estos críticos, restablecer la credibilidad institucional y demostrar que ningún actor político está por encima de la ley.

En un país donde la lucha contra la corrupción es un tema de larga data, este caso pone de relieve no solo las irregularidades señaladas, sino también la importancia de fortalecer los mecanismos de justicia para que sean percibidos como coherentes, equitativos y ajenos a intereses políticos coyunturales.