Críticas de Roosevelt Hernández genera reacciones sobre rol del Congreso
La polémica surge en un contexto de tensión política en el país, donde el escrutinio de unas 2,773 actas con inconsistencias ha sido objeto de disputas entre partidos y simpatizantes, y ha dificultado que el CNE cumpla con la declaración oficial de los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
18 de diciembre de 2025
El reciente pronunciamiento del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, ha generado fuerte controversia en círculos jurídicos y políticos de Honduras, al sugerir que, de no emitirse una declaratoria oficial de los resultados electorales antes del 30 de diciembre, correspondería al Congreso Nacional definir quién será el próximo presidente del país.
Hernández, quien dejará este 18 de diciembre su cargo al frente de la institución castrense, afirmó en declaraciones públicas que si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no logra completar el escrutinio especial y declarar oficialmente los resultados dentro del plazo constitucional, serán los diputados quienes asuman la responsabilidad de concluir el proceso y garantizar la alternancia en el poder. Esta interpretación se basa en artículos de la Constitución que establecen procedimientos excepcionales cuando el organismo electoral no cumple con sus obligaciones en tiempo y forma.
Sin embargo, el planteamiento provocó la reacción de abogados y expertos en derecho constitucional, que calificaron como “irresponsable” adelantar ese escenario cuando aún quedan más de dos semanas para que el CNE cumpla con el plazo legal establecido para la proclamación de los resultados.
El constitucionalista Juan Carlos Barrientos consideró que los dichos de Hernández no solo se anticipan a hechos no consumados, sino que pueden sembrar confusión sobre las competencias institucionales, especialmente cuando la normativa vigente otorga al organismo electoral el tiempo suficiente para ejecutar el escrutinio especial antes del 30 de diciembre.
La polémica surge en un contexto de tensión política en el país, donde el escrutinio de unas 2,773 actas con inconsistencias ha sido objeto de disputas entre partidos y simpatizantes, y ha dificultado que el CNE cumpla con la declaración oficial de los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
Este impasse ha sido ampliamente reportado y señalado como un factor clave en la atmósfera de incertidumbre política y social que vive Honduras.
Los críticos también señalan que la intervención pública de un alto mando militar en asuntos electorales podría interpretarse como una injerencia en procesos civiles. Históricamente, las Fuerzas Armadas han evitado pronunciarse sobre el conteo de votos o el desenlace de comicios, concentrándose en salvaguardar la seguridad pública y garantizar que los actos democráticos se desarrollen en orden.
Desde sectores opositores se demanda claridad y mesura, instando a que las autoridades se limiten a respetar los plazos y procedimientos contemplados por la Constitución y la ley electoral, evitando adelantarse a posibles escenarios que podrían agravar la polarización ya existente entre las principales fuerzas políticas y la ciudadanía.
A medida que se acerca la fecha límite para la declaración de resultados, la atención se centra en el CNE y en la capacidad de las instituciones hondureñas para manejar este momento crítico con apego a la legalidad, mientras crecen las voces que piden prudencia y respeto por la institucionalidad democrática.
