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El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó de manera enfática la coacción ejercida por un funcionario municipal en San Pedro Sula contra la periodista Lisseth García, del Diario La Prensa.

La periodista fue presionada para firmar una declaración jurada como requisito para acceder a información de interés público, una práctica que el gremio considera una violación a la libertad de prensa.

El funcionario involucrado, Jonathan Cardona, titular de la Dirección de Servicios Especializados de la Municipalidad sampedrana, exigió indebidamente el documento legal, lo que motivó la alerta del CPH sobre un posible atentado contra el derecho constitucional de acceso a la información.

La organización recordó que las instituciones públicas tienen la obligación de garantizar que periodistas y ciudadanos puedan recibir información sin restricciones.

En su pronunciamiento, el CPH expresó respaldo total a la profesional afectada y pidió a las autoridades competentes investigar el hecho para prevenir que se repitan este tipo de acciones. Además, la organización subrayó que la Ley de Emisión del Pensamiento protege la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado, considerándolos inviolables.

Finalmente, el Colegio reafirmó su compromiso con la transparencia, el libre ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos fundamentales, enfatizando que estas garantías son pilares esenciales para la democracia y el desarrollo del país.