Corte en EEUU pospone pena de Francisco Cosenza
La defensa de Cosenza solicitó la postergación de la audiencia ante el tribunal, argumentando motivos de salud y la necesidad de tiempo adicional para preparar los argumentos antes de la imposición de pena.
20 de febrero de 2026
La lectura de la sentencia contra Francisco Roberto Cosenza fue postergada nuevamente por la Corte del Distrito Sur de Florida, trasladando la fecha en la que el exfuncionario hondureño conocerá su sanción final al 18 de marzo de 2026.
Cosenza, quien se desempeñó como director ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, fue extraditado desde Honduras en abril de 2024 para enfrentar cargos federales en Estados Unidos relacionados con corrupción y lavado de dinero vinculados a adjudicaciones de contratos públicos.
En agosto de 2025, el exfuncionario se declaró culpable ante una corte federal en Miami de cargos que incluyen participación en transacciones con bienes derivados de actividades criminales, admitiendo su papel en un esquema en el que supuestamente recibió sobornos a cambio de favorecer a determinadas empresas con contratos para la fabricación de uniformes y otros suministros destinados a la Policía Nacional de Honduras.
La fiscalía estadounidense sostiene que los contratos vinculados al caso suman más de 10 millones de dólares y que los sobornos habrían sido pagados por medio de estructuras diseñadas para ocultar el origen ilícito de los recursos.
La defensa de Cosenza solicitó la postergación de la audiencia ante el tribunal, argumentando motivos de salud y la necesidad de tiempo adicional para preparar los argumentos antes de la imposición de pena. Esta petición fue acogida por el magistrado, lo que desplazó la fecha original de sentencia hacia mediados de marzo.
El caso ha tenido resonancia tanto en Honduras como en Estados Unidos por tratarse de una investigación transnacional que involucró a empresarios estadounidenses y a otros exfuncionarios hondureños, reflejando la cooperación entre autoridades judiciales de ambos países para perseguir delitos de corrupción que afectan fondos públicos destinados a programas de seguridad.
La audiencia del 18 de marzo será clave para determinar la pena que enfrentará Cosenza, la cual, de acuerdo con las directrices federales y los cargos por los que se declaró culpable, podría implicar años de prisión, multas y otras sanciones acordes con el sistema penal de Estados Unidos.
El proceso judicial también ha puesto en el centro del debate la necesidad de reforzar mecanismos de control y transparencia en el manejo de fondos públicos, tanto en Honduras como en el contexto de contrataciones internacionales, y se sigue de cerca como un caso significativo dentro de los esfuerzos globales contra la corrupción y el lavado de activos.
