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En medio de una creciente crisis institucional dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall respondieron este lunes con firmeza a las acusaciones presentadas por su compañero de organismo, Marlon Ochoa, quien las denunció ante el Ministerio Público por presuntos delitos de prevaricato administrativo y usurpación de funciones.

Durante una rueda de prensa, la presidenta del CNE, Cosette López, denunció públicamente que su colega pretende imponer criterios técnicos al margen de la Ley Electoral, coaccionando y presionando al resto de consejeros para modificar los pliegos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). En este sentido, desafió abiertamente a Ochoa: “Yo reto públicamente a que me demuestre en qué parte de la ley dice que la verificación debe hacerse únicamente por computadoras o data centers”, dijo López.

Las funcionarias defendieron la legalidad del proceso que lleva a cabo el CNE para publicar los pliegos y convocar a las empresas interesadas en prestar servicios de transmisión, escrutinio y divulgación de resultados. Según López, todo se ha hecho conforme al cronograma electoral y en cumplimiento con las atribuciones que la ley confiere al órgano electoral.

Acusó a Marlon Ochoa de buscar imponer, por la vía de la intimidación, cambios al proceso, desvirtuando los mecanismos de decisión colegiada del Consejo. “Nos están persiguiendo, amenazando, amedrentando y queriendo debilitar”, alertó López, quien dijo estar lista para defender con firmeza la institucionalidad y su propio nombre.

La presidenta del CNE también recordó que Ochoa ha impulsado decisiones unilaterales en el pasado sin buscar el consenso que ahora exige, como la aprobación del sistema de biometría que, según ella, provocó la retención de miles de actas en procesos anteriores. “Él ahora pide consenso, pero ¿dónde estuvo el consenso cuando impulsó el uso de la biometría? Yo acepté esa decisión, pero no hubo turbas ni coacciones”, señaló.

López insistió en que el cambio realizado recientemente —una prórroga técnica en los plazos del proceso de recepción de ofertas— no representa una alteración legal ni técnica del proceso, y que su objetivo fue evitar que el proceso se declare desierto por falta de oferentes.

Por su parte, Marlon Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), presentó dos denuncias penales contra las consejeras por la presunta comisión de delitos electorales. Según sus declaraciones, la modificación de los pliegos se hizo sin consenso ni facultades legales, y representa una “usurpación de funciones”, ya que —afirma— no le corresponde a ninguna persona en Tegucigalpa decidir sobre los resultados que deben ser publicados tal como llegan desde las Juntas Receptoras de Votos.

Ochoa citó el artículo 21 de la Ley Electoral, indicando que los resultados contenidos en las actas deben publicarse inmediatamente después de ser recibidos, sin que medien decisiones unilaterales.

El enfrentamiento entre los consejeros evidencia las profundas divisiones internas del CNE a menos de cinco meses de las elecciones generales, y deja en evidencia un escenario preocupante para la transparencia y legitimidad del proceso electoral. La disputa también pone bajo los reflectores la necesidad de fortalecer la independencia institucional del organismo encargado de organizar y supervisar los comicios en el país.